¡NO TERMINA AHÍ! Procurador indicá que Juliana Guerrero podría enfrentar otra investigación tras condena por títulos falsos
La condena de tres años por fraude procesal no cerraría el capítulo judicial para Juliana Guerrero. Tras admitir que utilizó títulos académicos falsos para aspirar al Viceministerio de Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro, ahora podría ser investigada por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público.
El caso de los títulos falsos de Juliana Guerrero podría abrir un nuevo frente judicial. Desde Barranquilla, el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, se refirió a la situación de la exfuncionaria y advirtió que, pese a la condena ya conocida por fraude procesal, existe la posibilidad de que sea investigada por otra conducta penal.
Guerrero fue condenada a 36 meses de prisión luego de que un juez avalara el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía. La joven reconoció haber incurrido en fraude procesal al actualizar su hoja de vida en el SIGEP II y presentar documentación académica falsa para acreditar requisitos que le permitieran aspirar al cargo de viceministra de Juventudes. La pena quedó con suspensión condicional de su ejecución, por lo que no deberá cumplirla inicialmente en un establecimiento carcelario.
Pero el expediente no terminaría allí. El juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue a Guerrero por la presunta comisión de falsedad ideológica en documento público, en calidad de determinadora.
La nueva línea de investigación estaría relacionada con los documentos académicos utilizados para acreditar una formación que Guerrero no tenía. En el centro del escándalo aparecen dos títulos de la Fundación Universitaria San José: uno como profesional en Contaduría Pública y otro como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.
Así las cosas, aunque Guerrero ya admitió su responsabilidad por fraude procesal y recibió una condena de tres años, su situación judicial podría continuar. Corresponderá ahora a la Fiscalía determinar si existen elementos suficientes para avanzar por el nuevo delito señalado y establecer si se configura una responsabilidad penal adicional.