Gobierno de De La Espriella levanta suspensión general de permisos para porte de armas de fuego
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, mediante un decreto que modifica la política que durante los últimos años había mantenido restringido el porte legal de armas en el país.
De La Espriella informó la decisión a través de sus redes sociales y aseguró que la medida busca cambiar el esquema vigente, al considerar que mientras se restringía el porte legal, los grupos criminales continuaban teniendo acceso a armas de manera ilegal.
“Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia”, anunció De La Espriella.
Sin embargo, De La Espriella aclaró que la decisión no representa una autorización para portar armas de manera indiscriminada. Según explicó, continuarán vigentes los requisitos, controles y permisos establecidos por las autoridades competentes.
“Esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, señaló De La Espriella.
Como parte de los argumentos para respaldar el cambio de política, el Gobierno presentó cifras de incautaciones realizadas por la Fuerza Pública entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre.
De acuerdo con los datos divulgados por el mandatario, durante ese periodo fueron incautadas 15.700 armas de fuego. De ellas, 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
El Gobierno también entregó un desglose de armas presuntamente vinculadas con organizaciones armadas ilegales. Según las cifras oficiales divulgadas: 980 armas estarían relacionadas con disidencias, 551 armas estarían vinculadas al Clan del Golfo, 339 armas estarían asociadas al ELN.
En el caso de las armas atribuidas a las disidencias, el Gobierno señaló que fueron encontrados 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros.
“Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, afirmó De La Espriella.
La nueva medida mantiene, según lo anunciado por el Gobierno, la exigencia de controles y autorizaciones para quienes busquen acceder legalmente al porte de armas. La decisión abre así una nueva etapa en la política nacional sobre tenencia y porte de armas de fuego, diferenciando entre el acceso legal sujeto a permisos y el armamento utilizado por estructuras criminales.