Los Pepes dan el primer paso para someterse a la justicia de De la Espriella
La organización criminal Los Pepes dio un nuevo paso para buscar su sometimiento a la justicia durante el Gobierno de Abelardo De la Espriella. La estructura, con presencia principalmente en Barranquilla y el Atlántico, manifestó su disposición de abandonar las actividades ilegales, responder ante las autoridades y reparar a las víctimas.
La solicitud fue formalizada mediante una carta dirigida al presidente Abelardo De la Espriella y al ministro de Justicia, Iván Cancino. El documento fue firmado por Digno José Palomino Rodríguez, alias ‘Digno Palomino’, señalado como uno de los principales cabecillas de Los Pepes, y Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias ‘Gomelo’.
En la comunicación, los integrantes de la estructura plantean su voluntad de comparecer ante la justicia, aportar información sobre el funcionamiento de la organización, responder por los hechos que legalmente se les atribuyan y avanzar en un proceso de reparación a las víctimas.
La propuesta también contempla un cese unilateral de las actividades criminales en Barranquilla y otros sectores del Atlántico, incluyendo la suspensión de extorsiones y actos violentos atribuidos a la organización. La abogada Angélica Martínez, representante de los señalados integrantes de Los Pepes, explicó que buscan conocer los parámetros y condiciones establecidos por el Gobierno para avanzar en el eventual sometimiento.
El anuncio ocurre en medio de la política de seguridad planteada por el presidente De la Espriella frente a las organizaciones criminales, a las que ha llamado a abandonar las actividades ilícitas y acogerse a la justicia.
Sin embargo, la manifestación de voluntad no significa que el proceso esté formalmente aprobado ni que se suspendan las investigaciones o procesos judiciales existentes. Cualquier eventual sometimiento deberá desarrollarse dentro del marco jurídico vigente y dependerá de las condiciones que establezcan las autoridades competentes.
De concretarse, el proceso implicaría compromisos relacionados con la verdad, la reparación de las víctimas, el abandono de las actividades criminales y el desmantelamiento de la estructura. Por ahora, la solicitud queda en manos del Gobierno nacional, que deberá determinar si existe una ruta jurídica para atender la petición.