Corrupción en la UNGRD: empresario y excontratista aceptan responsabilidad por escándalo de los carrotanques de La Guajira
El escándalo por la compra de 40 carrotanques para atender las necesidades de agua potable en La Guajira sumó un nuevo capítulo judicial. El exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro, y la excontratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sonia Rocío Romero Hernández, llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptaron su responsabilidad en los hechos investigados.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, ambos procesados aceptaron su participación en los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos en la UNGRD, relacionados con seis escenarios de la celebración y ejecución del contrato por cerca de $83.000 millones.
Como parte de la negociación, los dos procesados se enfrentan a una pena de siete años y cuatro meses de prisión. Sin embargo, el acuerdo todavía debe ser revisado y avalado por una jueza especializada de Bogotá. La audiencia en la que se definirá el futuro del preacuerdo está programada para el 4 de noviembre.
Durante la diligencia, Echeverri y Romero manifestaron su arrepentimiento por su participación en los hechos. No obstante, el representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuestionó los beneficios contemplados en la negociación.
El delegado sostuvo que no se ha producido la devolución de los recursos que, según la investigación, habrían sido apropiados y calificó como un “absurdo jurídico” que se plantee un peculado por apropiación en las condiciones expuestas en el proceso.
Además, citó informes que apuntarían a un incremento patrimonial injustificado de $4.330 millones, presuntamente relacionado con las actuaciones realizadas para favorecer a un grupo de empresarios en la millonaria contratación. La Fiscalía señaló a Sonia Rocío Romero Hernández, ingeniera industrial, como una pieza clave en el proceso de contratación.
Según la investigación, Romero habría actuado como enlace entre integrantes de la estructura que presuntamente saqueó recursos de la UNGRD y un grupo de contratistas. Su función habría incluido la entrega anticipada de información técnica privilegiada, con el propósito de favorecer a determinados interesados antes de que se abriera formalmente el proceso de selección.
La Fiscalía sostiene que esta información permitió construir una aparente “escogencia objetiva” para contratos relacionados no solo con los carrotanques, sino también con plantas desalinizadoras y pozos subterráneos que, según lo expuesto en el proceso, nunca llegaron a ejecutarse.
Por su parte, Édgar Echeverri Toro fue señalado de haber falsificado documentos destinados a acreditar la existencia y entrega de los vehículos.
La investigación indica que también habría elaborado actas parciales de entrega correspondientes al periodo comprendido entre noviembre de 2023 y enero de 2024. Sin embargo, dichas entregas presuntamente no se realizaron. Pese a ello, la fiduciaria habría desembolsado dos pagos parciales por $25.375 millones.
El caso de los carrotanques se convirtió en uno de los principales detonantes del escándalo de corrupción que golpeó a la UNGRD y que posteriormente involucró a varios funcionarios, contratistas y empresarios.
Entre los procesados también aparece César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien, según la información suministrada en el proceso, permanece prófugo de la justicia.
Ahora será la jueza especializada de Bogotá quien determine si los términos del preacuerdo cumplen con los requisitos legales y si, finalmente, son avalados.