Gobierno de Trump solicita inmunidad judicial para Delcy Rodríguez en Estados Unidos
Un nuevo giro tomó el proceso judicial que involucra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de que el Gobierno de Donald Trump solicitara formalmente que se le reconozca inmunidad judicial en Estados Unidos.
La petición fue realizada por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, mediante una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto, Brett Shumate, en la que se solicita que el Departamento de Justicia presente ante un tribunal federal una recomendación para que Rodríguez sea protegida por inmunidad mientras permanezca en el cargo.
En el documento, el Departamento de Estado recuerda que desde el 5 de marzo Estados Unidos reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela, luego de que asumiera el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
La solicitud busca frenar una demanda civil que cursa en el Distrito Sur de Florida, donde Rodríguez fue señalada por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas relacionados con el chavismo.
Sin embargo, el pasado 15 de julio, un juez ordenó una indemnización por 314 millones de dólares dentro de ese proceso, aunque Delcy Rodríguez quedó excluida del fallo, que sí cobijó a Nicolás Maduro y a otros exfuncionarios vinculados al chavismo.
En su comunicación, el Gobierno estadounidense señaló que el caso tiene importantes implicaciones para la política exterior del país y pidió que se tenga en cuenta esa circunstancia al momento de evaluar la continuidad del proceso judicial contra la mandataria interina.
La carta también revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos solicitó al Departamento de Estado certificar oficialmente la inmunidad de Rodríguez, argumentando que, en su condición de jefa de Estado en ejercicio, no puede ser sometida a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses mientras permanezca en el cargo.
La decisión final quedará ahora en manos de la justicia de Estados Unidos, en un caso que sigue generando repercusiones políticas y diplomáticas sobre el futuro de las relaciones entre Washington y el gobierno interino venezolano.