“Blinden a los candidatos”: Petro ordena reforzar la seguridad de Cepeda y De La Espriella
A dos semanas de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, el presidente Gustavo Petro ordenó a la fuerza pública reforzar la seguridad de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, tras denunciar una serie de hechos que, según dijo, podrían poner en riesgo el proceso electoral. “Yo mismo he pedido no ponerme blindaje en mis actos públicos para hablarle con todo mi cuerpo, corazón y cerebro a mi pueblo, pero blinden a los candidatos”, escribió en su cuenta de X.
Uno de los casos mencionados por el mandatario fue el de la representante a la Cámara Claudia Romero, quien denunció haber recibido amenazas luego de que una corona fúnebre fuera enviada a su residencia. Petro aseguró que también han sido intimidados activistas progresistas en Zipaquirá y advirtió que cualquier intento de presionar o intimidar a los ciudadanos para influir en su voto constituye un delito.
El presidente también se refirió a un incidente ocurrido en el sector del Parkway, en Bogotá, donde una persona habría mostrado un arma de fuego a activistas políticos del progresismo. Aunque reconoció que el arma contaba con permiso legal, recordó que durante la actual etapa electoral el porte de armas está restringido para la ciudadanía y pidió a la Fiscalía investigar lo ocurrido.
Además, Petro alertó sobre la circulación de amenazas en redes sociales dirigidas contra sindicalistas, maestros y sectores afines al progresismo. Según el mandatario, esta situación representa una señal preocupante que podría derivar en hechos de violencia. “Esta avalancha de amenazas debe suspenderse porque anuncia asesinatos masivos en Colombia”, afirmó.
Finalmente, el jefe de Estado aseguró que la Fiscalía cuenta con herramientas tecnológicas para rastrear el origen de las amenazas y pidió investigar tanto las intimidaciones como posibles montajes o autoatentados que puedan afectar la contienda electoral. En ese contexto, reiteró su llamado a las autoridades para duplicar los esfuerzos de protección a los candidatos presidenciales en la recta final hacia las elecciones.