Corte Suprema confirma condena contra Santiago Uribe
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Santiago Uribe Vélez, luego de resolver la impugnación presentada por su defensa contra la sentencia emitida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia.
En un fallo de más de 600 páginas, el alto tribunal concluyó que existen suficientes pruebas para mantener la responsabilidad penal de Uribe Vélez por su participación en una estructura armada ilegal que operó en el norte de Antioquia durante la década de 1990.
Según la decisión judicial, Santiago Uribe conformó y dirigió un grupo armado que funcionaba desde la hacienda La Carolina, en Yarumal (Antioquia), y que ejecutó una política sistemática de exterminio contra personas señaladas de ser delincuentes comunes, consumidores de drogas o supuestos colaboradores de organizaciones guerrilleras.
Entre los hechos atribuidos a esta estructura figura el asesinato de Camilo Barrientos Durán, ocurrido el 25 de febrero de 1994.
La Corte respaldó la valoración probatoria realizada por el Tribunal Superior de Antioquia y destacó que varios testigos, provenientes de contextos diferentes y sin evidencia de coordinación entre ellos, coincidieron en señalar la existencia del grupo armado y el papel de Santiago Uribe como líder, financiador y director de la organización.
Además, la Sala Penal consideró creíble que la estructura criminal hubiera contado con respaldo de integrantes de la fuerza pública para desarrollar sus operaciones.
“Está acreditado que la organización criminal operaba con el apoyo de la Policía Nacional, luego es creíble que, para garantizar la efectividad de su política de exterminio, se vieran en la necesidad de asegurar la anuencia de la fuerza pública”, señaló la Corte en su decisión.
Durante el proceso, la defensa de Santiago Uribe insistió en que las acusaciones se sustentaban en testimonios inconsistentes y cuestionó la credibilidad de varios declarantes. Sin embargo, la Corte concluyó que el conjunto de las pruebas recopiladas permite mantener en firme la condena impuesta en segunda instancia.