Gobierno llevará al Congreso la Ley “Yulixa” para frenar procedimientos estéticos irregulares
Según el informe de Medicina Legal, la víctima sufrió una muerte violenta que podría ser catalogada como homicidio.
La muerte de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en una presunta clínica ilegal del sur de Bogotá, volvió a encender el debate sobre la regulación de las cirugías estéticas en Colombia. El caso generó conmoción nacional luego de que su cuerpo fuera hallado abandonado en una carretera de Cundinamarca.
Ley “Yulixa” en Colombia
Según el informe de Medicina Legal, la víctima sufrió una muerte violenta que podría ser catalogada como homicidio. La necropsia reveló fracturas, lesiones internas y once heridas con arma blanca, además de evidencias de un procedimiento de succión adiposa en abdomen y espalda realizado en condiciones que ahora son materia de investigación.
Tras conocerse los resultados forenses, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno presentará ante el Congreso el proyecto de Ley “Yulixa”, una iniciativa que busca restringir la realización de cirugías estéticas únicamente a médicos cirujanos especializados y graduados de universidades acreditadas. La propuesta pretende reforzar los controles sobre quienes ofrecen este tipo de procedimientos en el país.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta antecedentes poco alentadores. Lorena Beltrán, periodista y promotora del movimiento #CirugíaSeguraYa, recordó que al menos cinco proyectos similares han sido radicados y posteriormente archivados en el Congreso durante los últimos años. La activista cuestionó la falta de voluntad política para debatir y aprobar medidas que protejan a los pacientes.
El caso también reabrió la preocupación por la falta de estadísticas actualizadas sobre muertes asociadas a procedimientos estéticos. Mientras las autoridades de Bogotá anunciaron operativos más estrictos en centros de estética, expertos insisten en que una futura ley debe exigir que las intervenciones sean realizadas por especialistas, en instalaciones habilitadas, con pólizas para cubrir complicaciones y con un registro obligatorio de efectos adversos para fortalecer la vigilancia sanitaria en el país.