¡APAGUE Y VÁMONOS! Revelan pruebas de contactos entre Gobierno Petro y ‘papá pitufo’
Una nueva tormenta política se desató en Colombia tras la revelación de audios comprometedores que vinculan al entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, con reuniones privadas sostenidas con el abogado de alias ‘papá pitufo’, señalado como el llamado “zar del contrabando”. Las grabaciones, conocidas públicamente, exponen conversaciones que podrían tener profundas implicaciones judiciales y políticas, al evidenciar supuestos ofrecimientos de beneficios y gestiones que, presuntamente, excederían las competencias del funcionario.
En uno de los registros, grabado el 26 de febrero de 2025, quedó consignada una frase que ha generado fuerte controversia: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la pu* gana, y hasta donde quiera”*, pronunciada por Lemus durante el encuentro. La conversación deja entrever la preocupación por las posibles revelaciones del investigado, mientras su abogado advierte que, de hablar, se podría “armar una hecatombe”, insinuando un eventual impacto sobre altos niveles del Gobierno y el círculo cercano presidencial.
Los audios también revelan la presunta intervención de al menos cuatro emisarios que, según el abogado, habrían actuado en representación del Ejecutivo antes de que cualquier autoridad tuviera acceso formal al señalado contrabandista. En la conversación se mencionan nombres como Ramón Devesa e Isaac Beltrán, así como supuestos canales de comunicación indirecta con el presidente. Estas afirmaciones han abierto serios interrogantes sobre la naturaleza de los contactos y el alcance de las gestiones adelantadas alrededor del caso.
A la polémica se suma otra controversia de alto calibre: la participación del presidente Gustavo Petro en una producción cinematográfica financiada con recursos públicos. De acuerdo con la información conocida, el mandatario aparecería como extra en una película sobre la historia del almirante Padilla, proyecto respaldado por RTVC y el Ministerio TIC, con un contrato cercano a los 4 millones de dólares registrado en Secop. El hecho ha generado debate por el uso de recursos estatales y por lo que representaría un hecho sin precedentes a nivel internacional.
Ambos episodios han intensificado el debate nacional sobre transparencia, manejo institucional y uso del poder público. Mientras avanzan los cuestionamientos políticos y jurídicos, sectores de la opinión pública exigen explicaciones claras por parte de los funcionarios involucrados y del propio Gobierno, en medio de un escenario que amenaza con profundizar la crisis de confianza en las instituciones.
