¿AD HONOREM? Con tutelas Benedetti logra que le giren 4 meses de sueldo tras ser incluido de la lista Clinton
Fallas en el pago, negativas institucionales y decisiones judiciales marcaron el proceso para que el funcionario pudiera recibir su remuneración.
Un complejo camino jurídico tuvo que recorrer el ministro del Interior, Armando Benedetti, para lograr el pago de cuatro meses de salario que permanecían retenidos tras su inclusión en la denominada Lista Clinton, una medida impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
La situación se originó luego de que, en octubre de 2025, el funcionario fuera incluido en esta lista por parte del gobierno de Estados Unidos, en medio de tensiones diplomáticas relacionadas con la política antidrogas. Esta decisión implicó la cancelación de sus productos bancarios, incluida su cuenta de nómina, lo que dificultó el desembolso de su salario.
Ante la imposibilidad de recibir su pago, Benedetti solicitó inicialmente que se le cancelara mediante cheque. Sin embargo, según se conoció, funcionarios del propio Ministerio del Interior se negaron a firmar el documento por temor a implicaciones legales derivadas de la sanción internacional.
Frente a esta situación, el ministro interpuso una acción de tutela en enero de 2026, argumentando la vulneración de derechos fundamentales como el mínimo vital, el trabajo digno y la dignidad humana. Un juez falló a su favor y ordenó a entidades como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda realizar el pago en un plazo de 48 horas.
Posteriormente, se emitieron cheques por un total cercano a los 120 millones de pesos, correspondientes a salarios, primas y viáticos. No obstante, el banco encargado también se negó a hacer efectivo el pago, lo que obligó al funcionario a presentar una segunda tutela, esta vez contra la entidad financiera.
Nuevamente, la justicia respaldó su solicitud, ordenando el desembolso bajo el argumento de que el salario es un derecho fundamental que garantiza la subsistencia del trabajador y su núcleo familiar.
Finalmente, tras este proceso marcado por obstáculos administrativos y jurídicos, el Ministerio del Interior realizó el pago directo al funcionario. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre cómo se realizará el pago de sus próximos salarios y si será necesario acudir nuevamente a instancias judiciales.
El caso abre el debate sobre el impacto de sanciones internacionales en funcionarios públicos colombianos y los límites entre decisiones extranjeras y la garantía de derechos laborales dentro del país.