“Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución”: Petro a la Corte tras la suspensión del salario mínimo
El presidente Gustavo Petro se pronunció con firmeza luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el aumento del salario mínimo para 2026. La medida cautelar frena temporalmente los efectos del decreto mientras se analiza su legalidad, generando una fuerte polémica sobre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores.
Petro aseguró que el decreto de salario vital está plenamente respaldado por la Constitución y cumple con todos los criterios económicos previstos. Señaló que cualquier decreto transitorio que se expida durante el análisis del Consejo de Estado seguirá estrictamente las órdenes constitucionales, pero recalcó que actuará conforme a la Carta Magna para garantizar los derechos del pueblo trabajador.
El mandatario anunció además que el ministro de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación, y solicitó la coordinación con movimientos sociales para estudiar la actitud judicial y el nuevo decreto que se expedirá. Según Petro, el análisis incluirá las últimas mediciones económicas, la incidencia del salario vital en los precios de productos básicos y el impacto del alza de la tasa de interés sobre el empleo y el déficit nacional.
El presidente advirtió que suspender un decreto de salario mínimo vital puede poner en riesgo la Constitución, deteriorar el poder adquisitivo de los trabajadores y afectar el derecho del gobierno a fijar políticas salariales en beneficio del pueblo. Subrayó que reducir la demanda de alimentos esenciales en el país provocaría un aumento del hambre y la desnutrición infantil, atentando contra la vida de los sectores más vulnerables.
Finalmente, Petro hizo un llamado al gran capital y al pueblo colombiano a construir un pacto social basado en la vida y la paz, y destacó que el gobierno se debe tanto al voto que lo eligió como a la Constitución. Invitó a los trabajadores a expresarse sobre el asunto y reafirmó su compromiso de proteger los derechos laborales y sociales frente a decisiones judiciales que puedan afectar su bienestar.