Petro ahora decreto emergencia económica, social y ecológica

El presidente Gustavo Petro declaró una nueva emergencia económica, social y ambiental para enfrentar la crisis climática y humanitaria que golpea a Córdoba tras el inusual frente frío que azota la región. Se trata de la tercera vez que el mandatario recurre a la emergencia económica y la cuarta ocasión en que activa un estado de excepción desde 2022. Con esta medida, el Gobierno busca recaudar 8 billones de pesos mediante nuevos impuestos para atender los estragos del invierno atípico.
La cifra anunciada ha generado controversia. Inicialmente, el Presidente había mencionado la necesidad de 16 billones de pesos, el mismo monto que pretendía recaudar con la emergencia decretada el 22 de diciembre y que fue suspendida por la Corte Constitucional mientras se estudia su legalidad. Las dudas sobre los cálculos oficiales no se hicieron esperar. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo cuestionó la base técnica del monto y pidió una auditoría académica externa, mientras que Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, advirtió que resulta llamativo que el valor corresponda a la mitad de lo proyectado en la fallida ley de financiamiento.
Desde el Ejecutivo defienden la estimación. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, explicó que los 8 billones corresponden a un cálculo preliminar para la fase de recuperación, sustentado en antecedentes históricos y en la magnitud de los daños reportados. Precisó que la etapa de atención inmediata —que incluye ayuda humanitaria, alojamientos temporales y rescates— cuenta con recursos asegurados por 190.000 millones de pesos de la vigencia 2026.
Las cifras sectoriales reflejan la dimensión del impacto. El Ministerio de Agricultura estima pérdidas cercanas a 700.000 millones de pesos: 27.075 predios afectados, más de 546.000 bovinos y bufalinos impactados —3.166 muertos— y 30.113 hectáreas de cultivos dañadas. Solo en drenaje de suelos se proyectan 139.590 millones de pesos y otros 81.000 millones para la recuperación productiva. En vivienda, la ministra Helga Rivas calcula que la reconstrucción podría costar 5,8 billones de pesos, de los cuales 4,4 billones corresponderían a agua y saneamiento básico.
Mientras tanto, la declaratoria de emergencia también ha estado rodeada de tensión política. El Presidente ha señalado a sectores de oposición por la magnitud del desastre y por una supuesta relación con los niveles de la represa de Urrá, en tanto descartó la propuesta de gobernadores de utilizar 6,5 billones de pesos en regalías actualmente congeladas. El debate sobre la necesidad, proporcionalidad y sustento técnico de los nuevos tributos se perfila como uno de los ejes centrales de la discusión nacional en los próximos días.