Consejo de Estado estudia demanda contra decreto que creó zonas para el Clan del Golfo en Córdoba y Chocó
El futuro jurídico de las Zonas de Ubicación Temporal propuestas por el Gobierno Nacional para integrantes del Clan del Golfo quedó en manos del Consejo de Estado, luego de que el alto tribunal admitiera una demanda que busca anular el decreto que autorizó su creación en los departamentos de Córdoba y Chocó.
Con la admisión del proceso, el Consejo de Estado inició el estudio de fondo sobre la legalidad del acto administrativo y, de manera simultánea, recibió la solicitud de suspensión provisional de la medida, mientras se determina si el decreto se ajusta o no al ordenamiento jurídico colombiano.
La demanda fue presentada por el abogado Mauricio Pava, quien sostiene que el Gobierno carece de sustento legal para habilitar este tipo de zonas, al no existir una ley de sometimiento vigente que respalde la creación de espacios destinados a estructuras armadas ilegales. Según el jurista, el decreto podría vulnerar principios constitucionales y representar un exceso en las facultades del Ejecutivo.
Las Zonas de Ubicación Temporal hacen parte de la estrategia de “paz total” impulsada por el Gobierno, con la intención de facilitar diálogos y eventuales procesos de sometimiento a la justicia de grupos armados organizados. No obstante, diversos sectores han cuestionado la iniciativa, advirtiendo que, sin un marco legal aprobado por el Congreso, estas zonas podrían derivar en escenarios de impunidad y representar riesgos para la seguridad de las comunidades cercanas.
La decisión que adopte el Consejo de Estado será determinante para establecer los límites jurídicos de la política de negociación con grupos armados y definir si el Gobierno actuó dentro de sus competencias al expedir el decreto. Mientras tanto, la eventual suspensión de la medida mantiene en expectativa a las autoridades locales y a los habitantes de las regiones involucradas.