Graves denuncias salpican al Ejército por presunta apropiación de dineros de recompensas
Una delicada investigación en curso tiene bajo la lupa a oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, señalados de presuntamente apropiarse de recursos provenientes de gastos reservados, destinados al pago de recompensas y a la prevención de actos terroristas en el marco de la lucha contra grupos armados ilegales. Las denuncias ya se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación.
El caso salió a la luz tras la operación que terminó con la muerte de Edilberto Marín Gómez, alias Paisa Duber, hombre de confianza de Iván Mordisco y uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en Guaviare y Caquetá. Su neutralización, anunciada oficialmente el 25 de abril del año pasado por el Ministerio de Defensa, dejó al descubierto una presunta red interna que habría desviado recursos asignados al pago de informantes.
Alias Paisa Duber era considerado un objetivo de alto valor para la fuerza pública. En 2024 se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera ubicarlo, cifra que en 2025 fue elevada a 100 millones de pesos, dada su cercanía con el máximo líder del Estado Mayor Central y su rol como jefe del frente Armando Ríos.
Para dar con su paradero, Ejército y Policía desplegaron un complejo plan de infiltración que permitió reclutar a uno de los hombres de confianza del cabecilla, quien suministraba información detallada sobre sus movimientos, rutinas y lugares de permanencia. Sin embargo, pese a contar con datos precisos, las autoridades no lograban ejecutar un golpe definitivo.
Ante esta dificultad, la inteligencia militar convenció al infiltrado de introducir un dispositivo electrónico de rastreo entre los objetos personales de Paisa Duber. El equipo fue camuflado en un envío de material de guerra e intendencia que llegó a manos de las disidencias, lo que permitió a las autoridades seguir en tiempo real los desplazamientos del cabecilla.
Durante esta operación ocurrió un hecho que marcó un punto de quiebre: el infiltrado, conocido con el alias de Brandon, fue descubierto por la estructura armada ilegal. De acuerdo con información conocida por los investigadores, fue sometido a torturas por orden directa de Paisa Duber y posteriormente asesinado, sin revelar en ningún momento la existencia del dispositivo de rastreo.
Las propias disidencias confirmaron el hecho en panfletos difundidos el 14 de abril de 2025, en los que advertían sobre el castigo a quienes colaboraran con la fuerza pública. A pesar de la pérdida de la fuente humana, el seguimiento electrónico permitió finalmente ubicar al cabecilla y ejecutar la operación que terminó con su muerte.
No obstante, la posterior revisión del manejo de los recursos de recompensas encendió las alarmas. Las denuncias apuntan a que parte del dinero destinado a reconocer la labor de informantes habría sido desviado por miembros de la fuerza pública, aprovechando el carácter confidencial de los gastos reservados, lo que habría impedido una trazabilidad clara de los fondos.
La Fiscalía avanza ahora en la recolección de pruebas para determinar responsabilidades penales y establecer si existió una estructura criminal al interior de la institución. El caso representa uno de los señalamientos más graves contra el manejo de recursos sensibles en medio del conflicto y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mayores controles y transparencia en operaciones de alto impacto.