Corte Suprema interceptó líneas de congresistas implicados en el saqueo de la UNGRD
La Corte Suprema de Justicia ordenó la interceptación de las líneas telefónicas de varios congresistas presuntamente involucrados en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), considerado uno de los mayores escándalos de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Las interceptaciones se realizaron desde agosto de 2024 y se extendieron por cerca de un año, enfocadas en miembros de la Comisión de Crédito Público del Congreso, señalados de votar favorablemente millonarios empréstitos internacionales a cambio de contratos.
Entre los congresistas interceptados figuran los senadores Liliana Esther Bitar y Juan Pablo Gallo, los representantes Julián Peinado y Karen Astrid Manrique, así como el excongresista Juan Diego Muñoz.
De acuerdo con los informes de la Policía Judicial de la Fiscalía, quedó en evidencia que los investigados sabían que podían estar siendo interceptados, razón por la cual evitaban hablar del tema por llamadas convencionales y preferían comunicarse a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, que consideraban más seguras.
Las escuchas se realizaron desde la denominada sala Zeus Oro de la Fiscalía, donde se monitorearon las comunicaciones. Aunque no se obtuvieron conversaciones directas sobre el entramado de corrupción, los investigadores concluyeron que los implicados se cuidaban deliberadamente de tratar los temas sensibles por vía telefónica.
Dentro de la orden judicial también fueron incluidos teléfonos de personas cercanas a los principales testigos del caso, entre ellos el de la madre de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y testigo clave, quien presuntamente utilizaba esa línea para proteger su privacidad.
Asimismo, fueron interceptadas Andrea Ramírez, exjefe de Benavides; Diana Carolina Martínez, secretaria del exdirector de la UNGRD Olmedo López; Jaime Ramírez Cobo, amigo cercano de Laura Sarabia; y varios contratistas vinculados a la entidad.
Aunque no se discutían directamente los hechos, algunas interceptaciones reflejan la preocupación de los investigados. En una llamada atribuida al senador Juan Pablo Gallo, un interlocutor advierte que “la ministra aseguró que en un mes me capturan”.
En otro diálogo, el congresista asegura estar siendo investigado por presuntamente haber sido “comprado” por un ministro, negando haber recibido beneficios.
Por su parte, la representante Karen Manrique, señalada de haber escrito a mano un documento considerado prueba clave en el caso, cuestionó la imparcialidad de la Corte Suprema, calificándola de “politizada”.
Un hallazgo particular llamó la atención de los investigadores: dos líneas telefónicas inicialmente asociadas a Jaime Ramírez Cobo habrían sido utilizadas por Laura Sarabia, entonces directora del Dapre, y presuntamente por el presidente Gustavo Petro.
Al detectarse esta situación, la Corte Suprema ordenó la cancelación inmediata de las interceptaciones, aclarando que cualquier diálogo relacionado con el jefe de Estado no podía ser valorado como prueba, a diferencia de otros precedentes judiciales.
La Corte Suprema también reiteró que las conversaciones entre investigados y sus abogados no tienen validez probatoria y continúan siendo excluidas del proceso.
Mientras avanzan las investigaciones, este capítulo evidencia la magnitud del entramado de corrupción alrededor de la UNGRD y el alcance de las pesquisas judiciales, que siguen sacudiendo al Congreso y al Gobierno Nacional.