Colombia recuerda a Ecuador que le suministra el 10 % de su energía
La relación binacional entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años tras el anuncio del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien confirmó que a partir del 1 de febrero de 2026 se impondrá una tasa de seguridad del 30 % a todas las importaciones provenientes de Colombia, una medida que ha generado preocupación por sus efectos en seguridad y comercio.
El mandatario ecuatoriano justificó la decisión en una supuesta falta de cooperación colombiana en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común. Sin embargo, el anuncio encendió las alarmas en ambos países, especialmente en la zona del puente de Rumichaca, al advertirse el riesgo de una guerra comercial con impactos económicos significativos para ambas economías.
Para Colombia, el golpe sería directo sobre su sector externo. Ecuador es el sexto destino de las exportaciones colombianas y el segundo mercado más importante para los productos no minero-energéticos, que generan mayor valor agregado y empleo. Según cifras del Dane, a noviembre de 2025 las exportaciones hacia ese país sumaron US$1.673 millones, con sectores como medicamentos, vehículos, azúcares y café entre los más expuestos al nuevo arancel.
Ecuador, por su parte, también enfrentaría un escenario complejo debido a su dependencia de la energía colombiana. Actualmente, Colombia suministra entre el 8 % y el 10 % de la electricidad que consume el país vecino, equivalente a unos 8 gigavatios-hora diarios. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó la medida como una “agresión económica” y recordó que Colombia ha garantizado exportaciones de energía incluso en períodos de severa sequía.
Como respuesta, el Gobierno colombiano anunció el desmonte de una resolución que permitía a empresas privadas vender energía a Ecuador, una cooperación que buscaba mitigar eventuales déficits en los embalses de Mazar y Coca Codo. Sin ese respaldo técnico, advirtieron expertos, el país vecino podría enfrentar dificultades en su estabilidad energética y en el costo de vida en ciudades como Quito y Guayaquil.
Desde los gremios económicos, Analdex, Anif y la Andi coincidieron en que el arancel del 30 % sería perjudicial para ambos países y llamaron a privilegiar la vía diplomática sobre las decisiones unilaterales. Advirtieron que estas medidas afectarían al consumidor, al sector productivo y, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas, que tienen en Ecuador uno de sus principales mercados de expansión.