Silencio de CORASEO frente a sanción fiscal millonaria genera inquietud por subsidios y prestación del servicio
Mientras en municipios como Cereté y Ciénaga de Oro persisten las quejas ciudadanas por fallas en la recolección de residuos, retrasos en las rutas y acumulación de basuras en distintos sectores, una situación de mayor alcance comienza a encender las alarmas: el silencio de la empresa CORASEO S.A. E.S.P. frente a una sanción fiscal que la mantiene reportada en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el certificado oficial del organismo de control, la empresa figura como responsable fiscal solidaria por un fallo en firme que supera los 3.800 millones de pesos, recursos cuyo reintegro está destinado a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), entidad beneficiaria del fallo. Se trata de una sanción de alto impacto, con implicaciones legales y contractuales relevantes en el manejo de recursos públicos.
Pese a la magnitud del monto y a las restricciones que implica estar incluido en dicho boletín, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento público claro por parte de CORASEO que indique si la obligación ya fue cancelada, si existe un acuerdo de pago vigente o si se adelantan gestiones para levantar el reporte. Este silencio ha generado inquietud entre usuarios y sectores técnicos, que consideran que la falta de información alimenta la incertidumbre.
Expertos en derecho administrativo y control fiscal recuerdan que una empresa reportada como responsable fiscal enfrenta severas limitaciones para celebrar nuevos contratos con entidades públicas y para asumir compromisos que impliquen la administración de recursos estatales. En ese contexto, surge una preocupación adicional relacionada con la continuidad de esquemas de subsidios en servicios públicos domiciliarios, cuyos recursos están destinados a beneficiar a los estratos más vulnerables.
¿Y CORASEO?
Los subsidios en agua potable y saneamiento básico, aunque no siempre se materialicen mediante contratos tradicionales, provienen de fondos públicos y exigen plena solvencia jurídica y fiscal por parte de los operadores. La pregunta que empieza a circular es si resulta prudente que una empresa con un fallo fiscal en firme continúe vinculada a estos esquemas sin que exista información clara sobre su situación ante los organismos de control.
Este panorama adquiere mayor sensibilidad al cruzarse con la realidad del servicio. A finales del año pasado y comienzos del presente, usuarios de Cereté y Ciénaga de Oro denunciaron interrupciones prolongadas, deficiencias operativas y un deterioro visible en la calidad del servicio de aseo. Para muchos ciudadanos, la posible relación entre sanciones fiscales, dificultades financieras y fallas en la operación no puede pasarse por alto, aunque hasta ahora no exista un pronunciamiento oficial que confirme o descarte esa conexión.
En medio de estas dudas, la atención también se centra en los entes de vigilancia y control. Ciudadanos y sectores políticos se preguntan qué actuaciones ha adelantado la Contraloría frente a este caso, si existe un seguimiento efectivo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y si los municipios donde opera CORASEO han evaluado los riesgos legales y fiscales de mantener vínculos contractuales o convenios bajo estas circunstancias.
Lo cierto es que la combinación de una sanción fiscal millonaria, problemas visibles en la prestación del servicio y la ausencia de explicaciones públicas ha profundizado la preocupación en la opinión pública. En la prestación de servicios públicos esenciales, el silencio no ofrece tranquilidad; por el contrario, amplía la desconfianza y refuerza la percepción de que aún hay asuntos de fondo que requieren respuestas claras y oportunas.