Costa Rica denuncia presunto plan para quitarle la vida al presidente Rodrigo Chaves
El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que se investiga a una sospechosa “bastante activa en redes sociales”, aunque no ofreció más detalles sobre la identidad de la persona ni su posible vínculo con la campaña electoral.
El gobierno de Costa Rica denunció este martes un presunto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves, a poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales del 1 de febrero. La información fue presentada por Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), quien indicó que la alerta provino de una “fuente confidencial” sobre el pago a un sicario para ejecutar el atentado.
Presunto plan en Costa Rica
El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que se investiga a una sospechosa “bastante activa en redes sociales”, aunque no ofreció más detalles sobre la identidad de la persona ni su posible vínculo con la campaña electoral. Torres anunció que la seguridad del presidente y su familia será reforzada mientras avanzan las investigaciones.
La denuncia se conoció en medio de la campaña electoral, en la que la exministra conservadora Laura Fernández lidera la intención de voto con un discurso de mano dura frente al narcotráfico. Ese mismo día, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó Costa Rica para inaugurar una cárcel inspirada en su megaprisión, hecho que la oposición calificó como propaganda política.
Tanto Torres como Díaz evitaron vincular el presunto plan criminal con la contienda electoral, aunque aseguraron que el caso será tratado con prioridad debido a la importancia de la investidura presidencial. Díaz recordó que las amenazas contra miembros del Ejecutivo y fiscales son frecuentes, pero garantizó que se investigarán a fondo.
El presidente Chaves, economista de 64 años, ha enfrentado en 2025 dos procesos en el Congreso para retirar su inmunidad, por presunta corrupción y por participación en política electoral, ambos rechazados. El mandatario mantiene enfrentamientos con la Fiscalía, la Corte Suprema, el Congreso y el Tribunal Supremo de Elecciones, mientras sus críticos lo señalan de buscar derivas autoritarias.