La acusación que llevó a la captura de Nicolás Maduro: así lo señala EE. UU. como jefe de una red de narco-terrorismo
La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos se sustenta en una extensa acusación penal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que describe al mandatario venezolano como el líder de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, el terrorismo y la corrupción estatal durante más de dos décadas.
El documento judicial —una acusación ampliada del Departamento de Justicia— sostiene que Maduro no solo permitió estas actividades, sino que utilizó deliberadamente el aparato del Estado venezolano para facilitar el envío de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, en alianza con grupos armados y carteles internacionales.
Un “narco-Estado” como tesis central
Según la fiscalía, desde finales de los años noventa Venezuela se transformó en un corredor estratégico del narcotráfico, protegido por altos funcionarios civiles y militares. En ese esquema, Maduro habría encabezado el llamado “Cartel de los Soles”, una red integrada por mandos de las Fuerzas Armadas y dirigentes políticos que ofrecían protección institucional a cambio de sobornos millonarios.
La acusación afirma que puertos, aeropuertos, aviones oficiales, pasaportes diplomáticos y cuerpos de seguridad fueron usados para garantizar el traslado de cocaína producida en Colombia hacia el Caribe, Centroamérica, México y finalmente Estados Unidos.
El círculo de poder implicado
El documento no se limita a Maduro. También acusa a figuras clave de su entorno:
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Diosdado Cabello, señalado como operador central del poder político-militar.
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Cilia Flores, esposa del mandatario, acusada de recibir sobornos y facilitar contactos con narcotraficantes.
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Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, implicado en el uso de aviones estatales para el traslado de droga.
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Además de exministros, jefes militares y líderes criminales como el cabecilla del Tren de Aragua.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la presunta colaboración directa del régimen venezolano con organizaciones armadas consideradas terroristas o criminales por Washington, entre ellas las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.
De acuerdo con la acusación, estas alianzas permitieron un flujo constante de droga y dinero, fortaleciendo tanto a los grupos armados como al régimen venezolano, y generando un impacto directo en la seguridad regional, especialmente en Colombia y Centroamérica.
Hechos y pruebas citadas
El texto judicial enumera episodios concretos que refuerzan la acusación, entre ellos: envíos de cargamentos de más de cinco toneladas de cocaína en vuelos comerciales y privados, uso de hangares presidenciales y aviones de PDVSA para el tráfico, protección armada de rutas con fusiles automáticos y explosivos y reuniones entre Maduro y líderes guerrilleros incluso después de procesos de paz fallidos.
La fiscalía imputa a Maduro y a sus coacusados delitos de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y uso de armas de guerra en actividades criminales. Además, solicita la confiscación de bienes, activos y recursos financieros obtenidos a través de estas operaciones.
Este expediente es la base legal que explica por qué Washington presenta la captura de Maduro no como un acto político, sino como la ejecución de un proceso penal de largo aliento.
Más allá del proceso judicial, la acusación marca un antes y un después para Venezuela. Por primera vez, un presidente en ejercicio es señalado formalmente por Estados Unidos como jefe de una red criminal internacional, lo que refuerza la narrativa de un colapso institucional profundo y abre una etapa de alta incertidumbre política, judicial y regional.