iGOLPE AL BOLSILLO! En el Gobierno Petro, la vivienda VIS ha subido más de $110 millones
El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026, que lo ubicará en $1.750.905 tras un incremento del 23%, tendrá un impacto directo e inmediato sobre el precio de la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP), cuyos valores máximos están indexados al salario mínimo legal vigente.
De acuerdo con gremios y analistas del sector inmobiliario, esta decisión —la de mayor incremento real en la historia reciente del país— encarecerá en varios millones de pesos el costo de escriturar vivienda social el próximo año, afectará a hogares que ya están en procesos de compra y profundizará las tensiones financieras en el sector constructor.
Aunque desde hace casi cuatro años el Gobierno ha anunciado su intención de modificar el mecanismo de indexación del precio de la vivienda social, hasta ahora no se han realizado cambios normativos. En ese periodo, el aumento acumulado del salario mínimo ha impulsado un crecimiento acelerado del valor de la VIS y la VIP, reduciendo la capacidad de compra de miles de hogares y generando alertas sobre la sostenibilidad del modelo actual.
Las cifras evidencian el impacto. En 2022, una vivienda VIS con tope de 150 salarios mínimos tenía un valor aproximado de $150 millones. Para 2026, con el nuevo salario mínimo, ese mismo inmueble alcanzará los $262,6 millones, lo que representa un aumento superior a $110 millones en cuatro años. En el caso de la VIP, una vivienda de 70 salarios mínimos costará $122,5 millones, mientras que una de 90 salarios ascenderá a $157,5 millones.
La situación es especialmente compleja para quienes compran vivienda sobre planos. En estos casos, el precio final del inmueble se ajusta con el salario mínimo vigente al momento de la escrituración, no al de la firma del contrato. Según Andrés Cardona, vicepresidente de Transacciones y Consultoría de CBRE Colombia, una familia que adquirió vivienda en 2024 por cerca de $174 millones podría enfrentar en 2026 un valor final cercano a $260 millones, sin que sus ingresos hayan crecido en la misma proporción.
El impacto también alcanza al sector constructor. La construcción es una actividad intensiva en mano de obra, y el aumento del salario mínimo eleva de forma directa los costos laborales, que representan alrededor del 25% de los costos directos de un proyecto. A esto se suman incrementos en insumos, transporte y servicios, lo que presiona aún más los precios y complica la viabilidad financiera de nuevos desarrollos de vivienda social.