Así evolucionó el salario mínimo en Colombia entre 2015 y 2025
La evolución del salario mínimo en Colombia durante los últimos diez años refleja una combinación de decisiones gubernamentales y condiciones macroeconómicas que han marcado el rumbo del ingreso básico de millones de trabajadores. Entre 2015 y 2025, el salario pasó de $644.350 a $1.423.500, evidenciando un crecimiento sostenido, aunque con ritmos diferentes según cada administración.
Durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, los incrementos se caracterizaron por su moderación. En ese periodo, los ajustes anuales oscilaron entre el 4,5 % y el 7 %, en un contexto de inflación relativamente estable y una economía que buscaba mantener el equilibrio fiscal. Para 2018, el salario mínimo se ubicó en $781.242, con un aumento del 5,9 %.
Con la llegada del gobierno de Iván Duque, los incrementos continuaron en una senda gradual, situándose entre el 6 % y el 10,07 %. No obstante, este periodo estuvo fuertemente condicionado por la pandemia de COVID-19, que redujo la inflación y limitó el crecimiento real del salario. En 2021, el aumento fue de apenas 3,5 %, uno de los más bajos de la década, y el salario quedó en $908.526.
El panorama cambió de forma significativa a partir de 2022, con el inicio del gobierno de Gustavo Petro. Ese año se decretó un aumento del 10,07 %, que llevó el salario mínimo a $1.000.000, en medio de una inflación elevada. En 2023, el incremento fue del 16 %, el más alto de la década, seguido por un ajuste del 12 % en 2024, cuando el salario alcanzó los $1.300.000.
Para 2025, el aumento fue del 9,54 %, fijando el salario mínimo en $1.423.500. Esta etapa se ha caracterizado por una política de alzas más agresivas, orientadas a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de vida.
En conjunto, el comportamiento del salario mínimo entre 2015 y 2025 muestra una transición en la política salarial del país. Mientras las administraciones de Santos y Duque privilegiaron incrementos graduales, el gobierno Petro optó por ajustes históricos, marcando un punto de inflexión en la forma como el Estado interviene en la fijación del ingreso básico.