¿Subirá 23 % el SMLV? MinTrabajo pone la propuesta sobre la mesa
Un sector del Gobierno nacional, en particular del Ministerio del Trabajo, propuso al presidente Gustavo Petro un incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026, lo que lo ubicaría en $1.746.882, sin incluir el subsidio de transporte, el cual sería definido mediante un decreto independiente.
La iniciativa está consignada en un documento de trabajo que circuló en el Gobierno el sábado 27 de diciembre y cuya metadata indica que fue revisado por la jefa de la Oficina Jurídica del Ministerio del Trabajo, Camila Bohórquez.
La propuesta se fundamenta en la necesidad de reducir la brecha entre el salario mínimo actual y el salario vital, concepto definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e incorporado por primera vez en las negociaciones de este año. Según el documento, el salario vital parte del principio de que la remuneración debe ser suficiente para cubrir las necesidades esenciales de los trabajadores y sus familias, sin depender de ingresos adicionales. Estas necesidades incluyen alimentación, vivienda, salud y educación.
De acuerdo con los cálculos oficiales, si se aplicaran plenamente los estándares de la OIT, el salario mínimo para 2026, sin subsidio de transporte, debería situarse en $1.826.190. No obstante, el Gobierno considera que este ajuste debe hacerse de forma progresiva y no en un solo año.
El documento sostiene que la mejoría en los indicadores de crecimiento económico y la reducción del desempleo crean un entorno favorable para un incremento del salario mínimo que sea “justo”, compatible con la sostenibilidad macroeconómica, la generación de empleo y la protección del ingreso laboral.
Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno no había realizado un anuncio oficial sobre el aumento del salario mínimo. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro hizo referencia al concepto de salario “vital” y “familiar” durante su alocución de Navidad.
De adoptarse la propuesta del 23 %, el incremento sería más de cuatro veces superior a la inflación proyectada para 2025 (5,3 %), superaría ampliamente la propuesta de los empresarios (7,21 %) y estaría por encima de la solicitud de las centrales obreras (16 %).
En Colombia, 2,4 millones de personas devengan exactamente un salario mínimo, mientras que una proporción mayor de trabajadores recibe ingresos inferiores, especialmente en el sector informal.
El salario mínimo también tiene efectos indirectos en otros ámbitos. Por ley, la pensión mínima no puede ser inferior a este ingreso, y su valor sirve como referencia para el costo de la vivienda de interés social y prioritario. De concretarse el aumento, el precio de una vivienda nueva en Bogotá podría superar los 262 millones de pesos en 2026.
Actualmente, no existe una norma que obligue a los empleadores a incrementar los salarios de quienes ganan más de un salario mínimo, aunque muchas empresas suelen ajustar los sueldos de acuerdo con la inflación.
En los últimos años, el Gobierno ha desvinculado el salario mínimo de varios costos de la economía, como las cuotas moderadoras de las EPS, las multas de tránsito, las contribuciones estatales y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), los cuales ahora se indexan a indicadores como la Unidad de Valor Tributario (UVT).
No obstante, analistas advierten que los incrementos del salario mínimo no son neutrales para la economía. Históricamente, el Banco de la República ha señalado que aumentos desbordados pueden dificultar el cumplimiento de las metas de inflación y generar presiones persistentes sobre el costo de vida.