Senado aprueba control político a decreto de emergencia económica en sesión extraordinaria

En una sesión extraordinaria sin precedentes, el Senado de la República aprobó una proposición para citar a control político al Gobierno Nacional por el decreto de emergencia económica y social expedido recientemente por el presidente Gustavo Petro, pese a que el Congreso se encuentra en receso legislativo hasta marzo.
Tras votar los ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, la plenaria dejó el orden del día abierto a proposiciones. Fue en ese escenario donde se abrió el debate sobre el Decreto 1390 del 2 de diciembre de 2025, que declara el estado de emergencia y contempla, entre otras medidas, la venta de bonos TES por 23 billones de pesos a un único comprador extranjero.

La iniciativa fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien propuso citar a todos los ministros del Gobierno Nacional para que rindan informe ante la plenaria del Senado sobre los fundamentos y alcances de la emergencia económica. La proposición se ampara en los artículos 135 y 138 de la Constitución, que permiten ejercer el control político “en todo tiempo”, incluso durante el receso legislativo.
“El control político no se suspende. La responsabilidad de defender la democracia no se va a vacaciones”, afirmó Motoa, al advertir que las medidas adoptadas por el Ejecutivo podrían poner en riesgo la estabilidad económica del país sin resolver los problemas estructurales de caja del Estado.

El debate contó con el respaldo de senadores de diferentes bancadas. El conservador Efraín Cepeda sostuvo que el fracaso de las reformas tributarias era “la crónica de una muerte anunciada” y cuestionó el crecimiento del gasto público, que —según dijo— aumenta en 38 billones de pesos al año, frente a un crecimiento mucho menor de la inversión.
Desde el Partido de la U, Juan Felipe Lemos calificó el decreto como un “exabrupto” y un “desprecio absoluto por la Constitución y la ley”, mientras que la senadora conservadora Esperanza Andrade aseguró que la justificación de recursos para la salud y las UPC no puede tramitarse mediante una emergencia económica, señalando que el Gobierno genera incertidumbre en el aparato productivo.

Por su parte, Guido Echeverri, del partido En Marcha, fue más allá y pidió evaluar una moción de censura contra el ministro de Hacienda, al considerar que hubo una violación flagrante de la Constitución. En la misma línea, Paola Holguín, del Centro Democrático, advirtió que el decreto es “sumamente peligroso” y que desconoce una decisión previa del Congreso al reactivar medidas tributarias rechazadas por el Legislativo.
Finalmente, la plenaria aprobó de manera unánime la proposición para realizar el control político y citar a los ministros a rendir cuentas ante el Senado. No obstante, se aclaró que lo aprobado fue la discusión y citación, y no la adopción de medidas adicionales sobre el decreto.
El debate marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Congreso y el Ejecutivo por el manejo de la política fiscal y el uso de las facultades excepcionales del Gobierno.