¿PAZ O NEGOCIO? Más de $30 mil millones gastados con las disidencias de Calarcá y la violencia sigue igual o peor
El proceso de paz con las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, uno de los más costosos del Gobierno Petro, acumula más sombras que resultados. Desde el inicio de los diálogos el 13 de octubre de 2023, la estructura criminal ha estado envuelta en escándalos que van desde la masacre de Amalfi hasta la infiltración en la inteligencia del Estado, sin que los beneficios jurídicos y militares otorgados por su participación en la mesa se traduzcan en avances reales. Mientras tanto, el país ya ha invertido más de 84.816 millones de pesos en el proyecto de Paz Total, de los cuales 30.299 millones corresponden exclusivamente a la negociación con el grupo de Calarcá.
Pese a que alias Calarcá se sienta a la mesa con otros 40 integrantes, varios con órdenes de captura suspendidas, la violencia atribuida a sus estructuras sigue golpeando a distintos territorios. En dos años de negociaciones, no hay avances significativos, pero sí un historial reciente de episodios graves: la masacre de 13 uniformados en Amalfi, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay cuya orden, según una testigo, habría salido de Caquetá, y la presunta infiltración de la DNI y el Ejército con la participación de altos funcionarios que habrían entregado información sensible para favorecer a los disidentes.
La ‘Paz Total’ de Petro
A pesar de estos hechos, el Estado ha dirigido la mayoría de sus bombardeos contra otros grupos, mientras el Frente 36 y otras facciones aliadas han aprovechado los ceses al fuego y la suspensión de capturas para expandirse a nuevos territorios. El Colombiano ha alertado sobre cómo las disidencias están enviando comisiones a diferentes departamentos para consolidar nuevos frentes de guerra, en medio de una negociación que avanza lentamente y que ya va por su séptimo ciclo sin resultados claros.
A todo esto se suma el millonario costo del proceso: más de 5.500 millones en honorarios, casi 6.000 millones en esquemas de protección para negociadores y 6.600 millones en tiquetes y transporte aéreo. El panorama alimenta la pregunta que crece entre analistas y ciudadanos: ¿el Estado está comprando paz o financiando la expansión de un grupo armado que no ha mostrado voluntad real de frenar la violencia?