ANT pide a Pineda García y Barguil declararse impedidos en debates agrarios por presunto conflicto de intereses
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) encendió las alertas en el Congreso de la República. Su director, Felipe Harman Ortiz, solicitó públicamente al senador Marcos Daniel Pineda y exsenador David Barguil, así como a la representante Sandra Restrepo, abstenerse de participar en los debates sobre la creación de la jurisdicción agraria debido a investigaciones administrativas que los vinculan con la presunta apropiación irregular de tierras baldías.
Impedidos por temas agrarios
Durante una rueda de prensa en Córdoba, Harman afirmó que existe un “claro conflicto de intereses” que podría afectar la transparencia de las decisiones legislativas en materia de tierras.
“Pueden acercarse a nuestras oficinas y explicar cómo obtuvieron esas tierras o, si lo consideran, declararse impedidos en el Congreso para que los debates fluyan con total claridad”, expresó el funcionario.
700.000 hectáreas bajo revisión en el país
Según cifras de la entidad, la ANT adelanta procesos sobre 700.000 hectáreas en distintos departamentos, de las cuales 240.000 ya fueron declaradas bienes baldíos de la Nación. El 62 % restante corresponde a predios con propiedad privada verificada.
El director enfatizó que estas revisiones no buscan imputar responsabilidades penales directamente a los congresistas investigados, sino esclarecer la naturaleza jurídica de los predios.
“No investigamos personas, investigamos tierras”, puntualizó.
Llamado al Congreso por demoras en la jurisdicción agraria
Harman también cuestionó la demora del Congreso en avanzar con la aprobación de la jurisdicción agraria, un compromiso establecido en el Acuerdo de Paz. Explicó que, mientras esta no exista, cada proceso cerrado por la ANT debe remitirse a la justicia ordinaria, donde puede tardar hasta diez años en resolverse.
“El país no puede seguir esperando una década para que cada caso tenga cierre judicial”, advirtió, reiterando que la creación de esta jurisdicción es clave para garantizar seguridad jurídica en el campo y avanzar en la reforma rural integral.
Con este llamado, la ANT presiona al Legislativo a blindar los debates agrarios de posibles interferencias y avanzar en la modernización del sistema de justicia en materia de tierras.