Corte Suprema inadmite denuncia de la ANT contra congresistas por presunta ocupación de baldíos, pero ordena nuevas indagaciones
La Corte Suprema de Justicia inadmitió la denuncia presentada por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, contra un grupo de congresistas señalados de presunta ocupación irregular de baldíos. Entre los mencionados figuraban tres legisladores cordobeses: los senadores Liliana Bitar y Marcos Daniel Pineda, y la representante Ana Paola García.
También aparecían en la denuncia los congresistas Paloma Valencia, Samy Merheg, Lidio García, Carlos Cuenca Chaux y Luis Eduardo Díaz.
La razón de la inadmisión
El alto tribunal concluyó que la denuncia no contenía un señalamiento “concreto y serio” que permitiera abrir una investigación penal contra los aforados en este momento.
En el caso de Paloma Valencia y Ana Paola García, la Corte precisó que los señalamientos se referían a actuaciones de familiares, no de las congresistas, recordando que la responsabilidad penal es estrictamente individual.
Para los demás mencionados, la Sala reiteró que la información entregada no cumplía con los requisitos mínimos para activar un proceso penal.
Aun así, ordenan nuevas verificaciones
Aunque la denuncia fue inadmitida, la Corte no cerró la puerta a una investigación futura. El alto tribunal ordenó a la Policía Judicial verificar y profundizar la información aportada por Harman en los videos publicados, en los que aseguraba que la ANT investigaba acumulación irregular de baldíos en distintas zonas del país.
La revisión de estos datos permitirá determinar si existe material que pueda dar lugar a una eventual actuación penal.
Un caso que sigue abierto en lo administrativo
Mientras tanto, la ANT continúa con sus procesos internos de verificación sobre los predios señalados. El caso mantiene la atención pública debido a la relevancia política de los mencionados congresistas y al impacto que la ocupación de baldíos tiene en materia de reforma agraria y ordenamiento territorial.
La decisión de la Corte deja claro que, aunque no hay mérito por ahora para investigar penalmente, la información será revisada a profundidad para establecer si existen responsabilidades posteriores.