Ejército golpea la minería ilegal en Córdoba y Bajo Cauca
Más de $2.800 millones afectados a las finanzas del Clan del Golfo
El Ejército Nacional propinó nuevos golpes contra la minería ilegal en el departamento de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, afectando de manera directa las finanzas ilegales del Clan del Golfo y reafirmando su compromiso con la protección de los recursos naturales.
En operaciones simultáneas, soldados del Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 31 Rifles y el Batallón de Selva N.º 57, adscritos a la Décima Primera Brigada, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ubicaron e inutilizaron maquinaria empleada en la explotación ilícita de oro.
El primer operativo se desarrolló en Puerto Libertador (Córdoba), donde fue intervenida una unidad productora minera con dos motores industriales, una draga tipo buzo y una clasificadora. Según cálculos oficiales, este material permitía la extracción de hasta 2.700 gramos de oro mensuales, equivalentes a más de $800 millones en el comercio ilegal.
En una segunda acción, ejecutada en la vereda Santa Margarita, de El Bagre (Antioquia), los uniformados inutilizaron una excavadora, una draga caperuza, tres motores industriales y una clasificadora. Con esta maquinaria se obtenían cerca de 7.350 gramos de oro al mes, avaluados en más de $2.000 millones.
De acuerdo con las autoridades, todo este material estaba presuntamente al servicio del Clan del Golfo, que lo empleaba para fortalecer sus finanzas criminales.
Además del impacto económico, el Ejército destacó que estas operaciones buscan mitigar los graves daños ambientales que deja la minería ilegal en la región, como la contaminación de fuentes hídricas y el deterioro de suelos fértiles, que afectan directamente la salud de las comunidades.
“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la protección y conservación de los recursos naturales, así como con la seguridad de la población”, señaló la institución castrense.
Las autoridades aseguraron que las operaciones militares continuarán en Córdoba y Antioquia, con el objetivo de desmantelar la cadena criminal de la minería ilegal y reducir los riesgos socioambientales en estas zonas del país.
