Fiscales denuncian directiva de Luz Camargo que suspende capturas y advierten riesgo de impunidad
La Fiscalía General de la Nación enfrenta una crisis interna que podría escalar a escándalo nacional. Varios fiscales de la Dirección de Crimen Organizado cuestionaron una directiva expedida por el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que en el marco de la política de “paz total” habría limitado de manera drástica la acción investigativa contra estructuras criminales.
El documento ordena suspender las órdenes de captura contra miembros de grupos designados como “delegados” o “representantes” en procesos de paz, impide solicitar nuevas detenciones y establece que, incluso en casos de flagrancia, estas personas deben quedar en libertad inmediata. “Es un despropósito, un permiso para delinquir”, advirtieron fiscales que califican la medida como un golpe a la misión esencial del ente acusador.
La directiva no especifica qué organizaciones ni qué niveles jerárquicos se benefician de la disposición, bastando con que existan “acercamientos” con el Gobierno para acceder a ese blindaje. Según los denunciantes, tras su expedición se desplomaron las judicializaciones contra el Eln, que pasaron de más de 120 en 2023 a apenas 20 en lo corrido de esta administración.
A la polémica se suma una reorganización interna que, según fiscales, engaveta procesos, limita la autonomía investigativa y amenaza con traslados de funcionarios. Ahora, en lugar de abrir casos y avanzar en judicializaciones, los fiscales deben producir informes y matrices de priorización, reduciendo su labor a la burocracia. “La Fiscalía ya no es un muro de contención contra las organizaciones armadas, sino un blindaje institucional para sus cabecillas, quienes podrán delinquir en libertad”, sentenciaron.
