JEP sanciona a siete exjefes de las Farc con ocho años por 21.936 secuestros
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió este martes 16 de septiembre su primera sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del último secretariado de las Farc, por ser responsables de 21.936 casos de secuestro. Los sancionados recibieron ocho años de trabajos, obras y actividades con carácter restaurador, en el marco del macrocaso 01 que investiga la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por esa guerrilla.
Los condenados son Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”; Jorge Torres Victoria, “Pablo Catatumbo”; Pastor Alape; Milton de Jesús Toncel, “Joaquín Gómez”; Jaime Alberto Parra, “El médico”; Julián Gallo, “Carlos Antonio Lozada”; y Rodrigo Granda, “Ricardo Téllez”. Se trata del primer grupo de 41 exFarc imputados por secuestros y otros delitos de lesa humanidad.
La JEP los declaró penalmente responsables como autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, trabajos forzados y violencia sexual. Según el tribunal, los secuestros fueron ejecutados de manera sistemática y generalizada contra la población civil, sin distinción de estrato social, género o edad.
El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, destacó que esta es la primera vez que exmiembros de una organización armada reconocen su responsabilidad en crímenes graves y se someten a sanciones restaurativas. Señaló que con esta decisión “se dejaron atrás los eufemismos y se asumieron las responsabilidades”, resaltando que los reconocimientos y aportes a la verdad deben traducirse en acciones concretas en los territorios más golpeados por el conflicto.
La sanción se cumplirá mediante 46 proyectos en cuatro líneas: búsqueda de desaparecidos, desminado, medio ambiente y reparación simbólica. Entre ellos se priorizó la búsqueda e identificación de personas en el cementerio de Palmira (Valle del Cauca). Aunque las medidas implican restricciones de derechos y libertades, no contemplan cárcel, sino la ejecución de obras reparadoras durante los ocho años fijados por el Acuerdo de Paz de 2016.