Petro firma decreto para convocar consulta popular sobre reforma laboral
El decreto fue enviado a la Corte Constitucional, que deberá emitir un concepto sobre su viabilidad jurídica. La consulta popular se convierte así en una alternativa directa para avanzar en una reforma que ha enfrentado resistencia en el Congreso.

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a una consulta popular para el próximo 7 de agosto, con el fin de que los colombianos decidan sobre una reforma laboral si no se logra su aprobación en el Congreso. El mandatario condicionó la derogación del decreto a que el Legislativo apruebe una reforma que esté alineada con los objetivos de su Gobierno.
El acto tuvo lugar en la Casa de Nariño y fue compartido públicamente por el mandatario a través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter), donde publicó una imagen firmando el documento. “He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo […] son respondidos positivamente por el Congreso”, escribió Petro, quien agregó que el texto ya fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión.
He firmado el decreto que convoca a la consulta popular.
Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes.…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2025
El decreto fue enviado a la Corte Constitucional, que deberá emitir un concepto sobre su viabilidad jurídica. La consulta popular se convierte así en una alternativa directa para avanzar en una reforma que ha enfrentado resistencia en el Congreso.
Campañas y pedagogía
El documento establece que, desde su publicación hasta el 6 de agosto de 2025, podrán desarrollarse campañas a favor, en contra o por la abstención frente a la consulta, tal como lo estipula el artículo 34 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015. Además, autoriza al Ministerio del Interior y a las administraciones territoriales a diseñar estrategias pedagógicas para informar a la ciudadanía sobre el contenido y los efectos del mecanismo de participación.
El decreto también encomienda a la organización electoral garantizar el normal desarrollo de la jornada, conforme a los principios de legalidad y transparencia establecidos en la Constitución y las leyes estatutarias vigentes.
Un paso que genera debate
La firma del decreto ha reactivado el debate político y jurídico en torno al alcance del poder ejecutivo para convocar este tipo de mecanismos, sin la mediación previa del Congreso. Algunos expertos y líderes de oposición han advertido que esta decisión podría interpretarse como un intento de atribuirse funciones que corresponden a otros poderes del Estado, particularmente en materia legislativa.
Mientras tanto, el país entra en una nueva etapa política marcada por la inminente consulta popular, cuyo contenido definitivo y preguntas concretas se espera sean reveladas en los próximos días.