JEP avanza en investigación de ‘falsos positivos’ y descarta que fueran política de Estado de Uribe
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó este miércoles avances en la investigación sobre los ‘falsos positivos’ ocurridos entre 2004 y 2007, señalando que esta práctica no hizo parte de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe. El pronunciamiento se dio en el marco de la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales y 35 oficiales y suboficiales de la IV Brigada del Ejército Nacional, acusados de la muerte y desaparición de 422 personas en Antioquia.
Según la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, el texto de la política de seguridad democrática no establecía la política de control de cuerpos, y su éxito no se medía en bajas enemigas. Díaz también mencionó que el Plan Patriota, estrategia contra grupos armados ilegales con financiación estadounidense, tenía indicadores más sofisticados, como la reducción del secuestro y la extorsión, así como el fortalecimiento de la inteligencia.
Pese a ello, la magistrada subrayó que la investigación busca esclarecer por qué los generales de la IV Brigada impusieron la política de control de cuerpos de manera sistemática durante seis años, según lo evidencian las comunicaciones radiales del Ejército en ese periodo.
El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la imputación de los 39 militares, asegurando que la JEP tiene la intención de destruir las Fuerzas Militares y defendiendo su gestión en materia de seguridad, destacando que Antioquia mejoró significativamente durante su gobierno.
Con este avance, la JEP continúa consolidando pruebas y testimonios en su tarea de esclarecer los crímenes ocurridos durante el conflicto armado, buscando justicia para las víctimas y responsabilidades individuales dentro de las Fuerzas Militares.