“Ley de punto final (De Mancuso) es inaplicable”, Uribe
El ex presidente Álvaro Uribe ha vuelto a manifestar su oposición a la propuesta de la Ley de Punto Final, planteada por algunos exintegrantes de las Farc y respaldada recientemente por la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, calificándola como inaplicable en Colombia.
La iniciativa busca otorgar amnistías generales para cerrar los procesos penales de excombatientes o actores del conflicto, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de la verdad y proceder con la reparación a las víctimas.
Uribe, a través de una serie de videos, explicó que ha propuesto una amnistía política, no penal, y reconoció su interés en incluir a compañeros de su Gobierno sancionados por diversas situaciones, como nombramientos de notarios o renovaciones de contrato.
El ex mandatario afirmó: “La ley de punto final es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesto una amnistía política, por una vez, no penal, para recuperar derechos políticos de condenados. Será necesario, dado el antecedente de impunidad absoluta con las Farc, que además están en el Congreso, a pesar de tantos delitos atroces, y también por lo que se asoma con el ELN y otros. Confieso que tengo interés en mis compañeros de Gobierno, condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”.
Además, Uribe se refirió al proceso de desmovilización durante su presidencia, asegurando que nunca se cambió la Constitución ni se promovió la impunidad absoluta. Destacó que el proceso de paz fue para todos, incluyendo a 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros que lo aceptaron. Asimismo, hizo mención a Luis Carlos Restrepo, a quien calificó como un patriota ejemplar y gran artífice del proceso, aunque fue expatriado.
El ex presidente recalcó: “No cambiamos la Constitución, no hubo impunidad absoluta, tampoco elegibilidad política para condenados, menos para delitos atroces, como el reclutamiento de niños. Consideramos que guerrilla y paramilitares podrían ser beneficiarios del delito político de sedición. Ambos, sea cual sea su excusa política, interfieren el funcionamiento del Estado de derecho. Ese alegato argumental fue origen de desacuerdos con algunos magistrados de la corte, que solamente aceptaban la sedición para la guerrilla”.