El Congreso fracasó en su intento de pasar, de agache y en una ley anticorrupción, un polémico artículo relacionado con los delitos de injuria y calumnia y que era un atentado directo contra la libertad de prensa.
Ese artículo imponía una especie de fuero sobre los funcionarios públicos, ya que –en plata blanca– solo se podía hablar de los casos de corrupción en los que eventualmente terminaran involucrados hasta tanto no hubiese una sentencia en firme de un juez.
En ese artículo se imponían penas de hasta 10 años de cárcel y millonarias multas si se saltaba ese precepto y hasta se amenazaba con quitarles la personería jurídica a las organizaciones y medios que publicaran sin sentencia.
Ante una mordaza de esta naturaleza, diferentes agremiaciones de medios y editoriales de prensa salieron al unísono a rechazar esta posibilidad y advertir la sombra de censura que se posaría sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
CHN