JEP imputa a Timochenko y Pastor Alape por el conflicto armado
Un nuevo capítulo judicial se abre para antiguos jefes de las Farc. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 excomandantes de los extintos bloques Magdalena Medio y Caribe por su presunta responsabilidad en graves crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano. Entre los señalados figuran Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, y Pastor Alape, quienes integraron el antiguo secretariado de la guerrilla.
La decisión, anunciada la noche del martes 3 de noviembre, hace parte de las investigaciones del Caso 10, que examina crímenes no amnistiables atribuidos a las antiguas Farc. Según la JEP, los comparecientes deberán responder por hechos relacionados con homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, torturas, violencia sexual y ataques contra la población civil y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
Entre los episodios documentados aparecen hechos que marcaron la historia del país, como la toma guerrillera de Chalán y el atentado con un burro bomba en Sucre, en 1996; el ataque contra la caravana de Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla, en 2002; y la masacre de la finca La Duquesa, en Tibú, en 2004. La investigación identificó 263 hechos de desplazamiento forzado, 204 homicidios y 53 desapariciones forzadas, cifras que reflejan la magnitud de los casos examinados por la justicia transicional.
La Sala de Reconocimiento sustentó su decisión en los testimonios de 733 víctimas, 72 informes de organizaciones de derechos humanos, denuncias de la Fiscalía y versiones de antiguos guerrilleros. Además de Timochenko y Pastor Alape, fueron imputados nueve exjefes regionales, entre ellos alias Jimmy Guerrero, Alberto Cancharina, Jairo Quintero, Solís Almeida y Fabio Borges. La JEP identificó patrones de violencia utilizados para ejercer control territorial y atacar a comunidades en distintas regiones del país.
Los 11 excomandantes tendrán plazo hasta el 8 de diciembre de 2026 para aceptar o rechazar formalmente las imputaciones. Si reconocen su responsabilidad y aportan verdad, podrán acceder a sanciones restaurativas con restricciones efectivas de la libertad, sin prisión. En caso contrario, enfrentarían un juicio que podría derivar en penas de hasta 20 años de cárcel. La decisión constituye un nuevo avance en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado colombiano.