¿CHATS BOMBAS? Deicy Jiménez entregaría celular con pruebas contundentes contra Petro
Un teléfono celular podría convertirse en una pieza clave dentro de la controversia judicial que rodea al expresidente Gustavo Petro. Deicy Jiménez, quien denunció presuntos contratos estatales a cambio de favores íntimos, anunció a través de su abogado que está dispuesta a entregar conversaciones, videos y otros archivos que, según su defensa, respaldarían sus declaraciones ante la justicia.
La revelación se conoció después de que Jiménez compareciera el jueves 29 de octubre ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Su abogado, Felipe Caballero, aseguró que su representada ratificó sus señalamientos y está preparada para ampliar su testimonio si las autoridades vuelven a citarla.
Pero lo que más llama la atención es el contenido del dispositivo. Según Caballero, el celular guardaría chats y videos relacionados con los hechos denunciados. El material sería sometido a procedimientos de extracción y verificación por parte de la Policía Judicial, por lo que todavía no puede considerarse prueba concluyente contra las personas mencionadas.
La polémica también tomó otro rumbo. El abogado de Jiménez denunció presuntas presiones contra su defendida y su familia, asegurando que algunas actuaciones buscarían afectar su participación en el proceso. Sin embargo, estos señalamientos deberán ser investigados y comprobados por las autoridades competentes.
Mientras tanto, Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro y María José Pizarro, anunció acciones penales contra Jiménez por presuntas irregularidades en documentos que habría presentado para trabajar en el Congreso. La defensa del exmandatario también ha cuestionado los señalamientos de la testigo, abriendo un nuevo enfrentamiento jurídico entre las partes.
Ahora, la atención está puesta en lo que pueda revelar el teléfono y en las decisiones que adopten las autoridades judiciales. ¿Los chats y videos respaldarán las denuncias o abrirán nuevos interrogantes? Por ahora, las acusaciones siguen bajo investigación y será la justicia la encargada de establecer si existieron irregularidades y quiénes tendrían responsabilidad.