Caso Odebrecht vuelve a salpicar campaña de Santos: Fiscalía imputará cargos a Roberto Prieto
El escándalo de Odebrecht vuelve a poner bajo la lupa la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos en 2014. La Fiscalía General de la Nación tiene prevista para el próximo jueves 5 de noviembre una audiencia de imputación de cargos contra José Roberto Prieto Uribe, exgerente de aquella campaña, por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de un millón de dólares.
La investigación busca establecer si la multinacional brasileña Odebrecht financió estudios de opinión y seguimiento electoral que habrían beneficiado la candidatura de Santos. Según el ente acusador, los pagos se habrían realizado mediante Paddington Ventures, firma vinculada a la agencia publicitaria Sancho BBDO, utilizando cuentas bancarias en el exterior.
Uno de los principales interrogantes es si esos recursos fueron reportados ante las autoridades electorales. La Fiscalía investiga la presunta omisión de un aporte cercano al millón de dólares en los informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de 2014, hechos por los que se ha anunciado una imputación por fraude procesal y enriquecimiento ilícito.
El caso ya había tenido movimientos judiciales durante este año. Una audiencia programada para el 30 de julio fue aplazada luego de que la defensa de Prieto solicitara revisar el expediente. Sus abogados han sostenido que el exgerente no participó en el contrato investigado y que las cuentas de la campaña fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral.
Por otra parte, la Fiscalía archivó una investigación relacionada con un contrato diferente, firmado en 2015 entre Sancho BBDO y Odebrecht por aproximadamente 2.500 millones de pesos, al establecer que los servicios publicitarios contratados sí fueron prestados y que los pagos tenían justificación.
Sin embargo, ese archivo no pone fin al proceso relacionado con el millón de dólares de 2014. La nueva actuación judicial busca determinar si existieron responsabilidades penales en el manejo y reporte de los recursos, mientras Roberto Prieto conserva su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.