Defensoría pide a la Corte priorizar investigación contra Petro por presuntos “sexocontratos”
La defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que prioricen las investigaciones relacionadas con denuncias contra el expresidente Gustavo Petro por presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales.
La petición fue presentada mediante una carta fechada el 27 de octubre, en la que la funcionaria pidió a las autoridades avanzar con celeridad en el esclarecimiento de los hechos denunciados por una ciudadana. Las acusaciones, que han generado controversia política, deberán ser examinadas por las instancias competentes para establecer si existen elementos que permitan determinar responsabilidades.
En la comunicación, Marín advirtió sobre la importancia de dar una respuesta oportuna ante la gravedad de los señalamientos y solicitó que se disponga la priorización inmediata de la investigación penal.
“Ante la gravedad de los hechos denunciados, la investigación no da margen de espera, por lo que le pido respetuosamente que disponga la priorización inmediata de la investigación penal”, expresó la defensora en el documento dirigido a las autoridades en especial a la corte.
La funcionaria señaló que el avance de las actuaciones debe permitir esclarecer lo ocurrido, con respeto por las garantías judiciales y sin interferencias que puedan afectar la independencia de las investigaciones.
Además de pedir celeridad en las investigaciones, la defensora del Pueblo solicitó que se adopten medidas para garantizar la protección integral de la mujer que presentó las denuncias y de los testigos que puedan participar en el proceso y en la corte.
La solicitud busca que las personas involucradas puedan aportar información y pruebas sin exponerse a situaciones que pongan en riesgo su seguridad o afecten su participación en las actuaciones judiciales.
Marín también insistió en que las autoridades deben actuar con autonomía e independencia, respetando el debido proceso y garantizando que las decisiones se fundamenten en los elementos probatorios recopilados.
La petición de la Defensoría se produce en medio de la atención pública que han despertado las acusaciones sobre supuestos vínculos entre la asignación de contratos estatales y la exigencia de favores sexuales. Por su naturaleza, los hechos denunciados requieren una investigación rigurosa que permita determinar si existieron conductas contrarias a la ley.
El caso tomó mayor relevancia después de que Deicy Jiménez hiciera públicos señalamientos sobre presuntas relaciones entre la contratación estatal y encuentros sexuales.
Tras conocerse estas declaraciones, la Corte Suprema de Justicia la citó para que presente las pruebas que sustentarían sus afirmaciones. Esta diligencia resulta relevante para que las autoridades conozcan los elementos disponibles y determinen cuáles actuaciones corresponden dentro del ámbito de sus competencias.
La existencia de denuncias públicas no constituye, por sí sola, una demostración de responsabilidad penal. Por ello, el esclarecimiento de los hechos dependerá de la valoración de las pruebas, las declaraciones y los demás elementos que puedan incorporarse a los expedientes en la corte.
La intervención de la Defensoría del Pueblo busca que las instituciones competentes den prioridad al caso y adopten medidas que permitan avanzar en las investigaciones sin descuidar los derechos de las personas involucradas.
La solicitud de Iris Marín pone el foco en dos aspectos centrales: la necesidad de establecer qué ocurrió y la obligación de garantizar condiciones de seguridad para la denunciante y los posibles testigos.
La Corte Suprema, la Procuraduría y la Comisión de Investigación y Acusación tienen competencias diferentes, por lo que cada entidad deberá proceder de acuerdo con sus atribuciones legales.
Mientras avanzan las actuaciones, las acusaciones contra Petro deben mantenerse en el terreno de las presuntas conductas denunciadas, sin anticipar conclusiones sobre su responsabilidad.
La Defensoría reiteró así la importancia de que las investigaciones se desarrollen con prontitud, independencia y respeto por las garantías procesales, de manera que los hechos puedan esclarecerse a partir de pruebas verificables en la corte.