“No hay igualdad”: Carol Borda insiste en frenar el salto de la Alcaldía de Bogotá a la Presidencia
La Alcaldía de Bogotá no debería convertirse en una plataforma para llegar a la Presidencia de Colombia. Así lo reiteró la representante a la Cámara Carol Stefanny Borda, del partido Salvación Nacional, quien defendió el proyecto de reforma constitucional que busca impedir que los alcaldes de la capital aspiren a la Presidencia o Vicepresidencia en las elecciones inmediatamente posteriores a su mandato.
La congresista explicó que, aunque algunos parlamentarios han planteado extender la medida a los alcaldes de otras ciudades del país, la iniciativa fue aprobada en primer debate sin esa modificación. “Muchos decían: tenemos que facilitar la igualdad en este sentido, pero es que no hay igualdad”, expresó Borda, al señalar que Bogotá cuenta con características económicas, administrativas y electorales que la diferencian del resto de municipios.
En sus declaraciones, la representante cuestionó el uso de recursos públicos para fortalecer la imagen de anteriores mandatarios de la capital. Borda mencionó las administraciones de Claudia López y Gustavo Petro, y aseguró que durante la gestión de este último se habrían destinado 17.000 millones de pesos a publicidad en 2015, cifra que corresponde a un señalamiento de la congresista y requiere verificación independiente.
“Muchos otros alcaldes de otras ciudades no tienen el presupuesto que usó precisamente Claudia López o Gustavo Petro”, sostuvo la representante, quien insistió en que las ventajas económicas y políticas de Bogotá justifican una restricción especial. Por esta razón, aseguró que la medida debería mantenerse exclusivamente para la capital del país y no extenderse a otras alcaldías.
El proyecto de acto legislativo 301 de 2026, que superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, propone modificar el artículo 197 de la Constitución. La restricción comenzaría a aplicarse en las elecciones presidenciales de 2034, siempre que la reforma complete su trámite en el Congreso. La iniciativa también ha generado cuestionamientos de quienes consideran que podría limitar la participación política y que una eventual inhabilidad debería aplicarse en igualdad de condiciones a otros mandatarios locales.