¿Tiene dudas sobre la propiedad de su tierra? La ANT habilita atención en Montería y otras regiones
Campesinos y comunidades étnicas que no tienen claridad sobre la situación jurídica de los terrenos que ocupan podrán recibir orientación especializada a través de las Unidades de Gestión Territorial de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La entidad busca facilitar el acceso a los procedimientos que permiten determinar si un predio es propiedad privada o corresponde a un baldío de la Nación.
La atención está dirigida a pequeños productores rurales, pueblos indígenas y comunidades negras y afrodescendientes que tengan dudas sobre la titularidad de sus tierras. Para iniciar la ruta, los interesados deben acudir a la unidad territorial correspondiente a su región y solicitar orientación directamente al coordinador.
En Córdoba y Sucre, así como en 27 municipios de Bolívar, la atención está a cargo de la UGT Noroccidente, con sede en Montería. Otras unidades cubren departamentos como Antioquia, Chocó, Santander, Nariño, Meta y Caquetá, entre otros, para acercar este servicio a las comunidades rurales del país.
La clarificación de la propiedad rural es un procedimiento agrario que permite revisar títulos, antecedentes registrales y otros documentos para establecer la naturaleza jurídica de un terreno. También contribuye a identificar posibles ocupaciones indebidas de baldíos y a brindar seguridad jurídica a quienes acrediten legítimamente sus derechos de propiedad.
La ANT informó que cuenta con 18.706 datos relacionados con la cobertura de estos procesos, información que hace parte de la consolidación y actualización de sus bases geográficas y jurídicas, en cumplimiento de órdenes de la Sentencia SU-288 de 2022. Además, dispone de un visor público de información relacionado con esta sentencia, que permite consultar datos sobre clarificación de la propiedad rural y recuperación de baldíos.
La entidad invitó a las personas que tengan inquietudes sobre sus predios a acudir a la unidad territorial correspondiente para conocer la ruta institucional. El propósito es determinar la situación jurídica de los terrenos mediante el procedimiento establecido y garantizar el debido proceso y los derechos de quienes demuestren legítimamente su propiedad.
