“No es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”: De La Espriella sobre carta de la JEP a CPI
Un nuevo choque sacude la relación entre el Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente Abelardo De La Espriella rechazó la carta enviada a la Corte Penal Internacional por Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, quien denunció una supuesta “asfixia presupuestal”. “No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación”, respondió el mandatario.
De La Espriella aseguró que discutir el presupuesto de la jurisdicción no representa una amenaza contra sus magistrados, sino un ejercicio constitucional. Según las cifras presentadas por el presidente, la JEP recibió $777.069 millones en 2025, opera con cerca de $744.659 millones en 2026 y tendría asignados $821.803 millones para 2027, pese a haber solicitado $947.642 millones. “Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, afirmó.
En su carta, Ramelli advirtió que las iniciativas legislativas y presupuestales tramitadas en el Congreso podrían afectar la independencia y el funcionamiento de la JEP, además de comprometer la seguridad de miles de personas vinculadas a sus procesos. La comunicación fue dirigida a la ciudadanía y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El mandatario también cuestionó los resultados alcanzados con los recursos entregados desde 2018, que superarían los $3 billones. Señaló que las primeras decisiones restaurativas llegaron en 2025 y sostuvo que el avance judicial no corresponde con el tamaño de la estructura burocrática, cuya nómina costaría aproximadamente $404.477 millones durante 2026.
Finalmente, De La Espriella exigió explicaciones sobre la planeación y ejecución de los recursos y anunció que dará prioridad a la justicia ordinaria, afectada por millones de procesos represados y graves limitaciones de infraestructura y tecnología. “No permitiré que ninguna institución se sitúe por encima de esas reglas”, sentenció.