Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, bajo la lupa por sus esquemas de seguridad
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si hubo irregularidades en los esquemas de seguridad asignados por la UNP a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz. La revisión involucra al Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y el Cerrem, que evalúa los riesgos y recomienda las medidas de protección.
En el caso de Guerrero, la investigación incluye cuestionamientos sobre la continuidad de su esquema luego de dejar de ser funcionaria pública. La Procuraduría también revisaría información relacionada con la justificación de la protección, mientras que la UNP, durante la administración de Augusto Rodríguez, había señalado que las medidas fueron otorgadas siguiendo procedimientos técnicos y legales.
Sobre Gabriela Muñoz, el expediente señala que habría contado desde el 19 de agosto de 2026 con un esquema bajo una norma dirigida a dirigentes o activistas políticos. Además, la Procuraduría mantiene otra indagación por posibles irregularidades en contratación, tráfico de influencias y presunto nepotismo en la Aerocivil, donde también aparecen vinculados familiares de Muñoz.
Uno de los hechos bajo revisión es un contrato que habría pasado de $400 millones a $12.000 millones mediante adiciones. El ente de control también busca establecer si hubo participación indebida en decisiones contractuales y si se habrían habilitado días y horarios no laborales para tramitar contratos dentro de la entidad.