Esta semana Montería fue escenario de una conversación que Córdoba debería asumir como propia. Durante el XIII Encuentro Nacional de la Jurisdicción Especial Indígena organizado por el Consejo Superior de la Judicatura bajo el lema “Tejiendo la palabra y la justicia desde el corazón de los pueblos Zenú y Emberá Katío” magistrados de las Altas Cortes autoridades indígenas y representantes de las instituciones departamentales y municipales se sentaron a hablar de justicia propia y de la manera como debe relacionarse con la justicia ordinaria. El encuentro incluyó una visita al Resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento y no podía existir un escenario más apropiado porque en Córdoba hablar de justicia indígena es también hablar del pueblo Zenú y de una tradición de organización autoridad y convivencia que existía mucho antes de que existiera la República.
Pero ¿qué entendemos realmente cuando hablamos de justicia propia Zenú? No estamos hablando simplemente de una forma diferente de castigar a quien comete una falta. El pueblo Zenú cuenta con autoridades y procedimientos propios mediante los cuales los conflictos pueden ser atendidos inicialmente por las estructuras comunitarias y llegar cuando corresponde a instancias como el Tribunal de Justicia Propia del Pueblo Zenú y otras autoridades superiores. Su propósito está relacionado con resolver el conflicto pero también con recuperar la armonía de la comunidad reparar los daños y buscar que quien ha afectado la convivencia pueda retornar a ella. La Corte Constitucional ha estudiado este sistema y ha reconocido la existencia de sus autoridades procedimientos y formas propias de administrar justicia siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y los derechos fundamentales
Ese modelo tiene un fundamento claro en nuestro ordenamiento. El artículo 7 de la Constitución establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación y el artículo 246 permite a las autoridades de los pueblos indígenas ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus propias normas y procedimientos. A esto se suma el Convenio 169 de la OIT incorporado mediante la Ley 21 de 1991 que protege entre otros aspectos las instituciones y formas propias de organización de los pueblos indígenas. Por eso la justicia propia Zenú no debe ser mirada como una justicia menor ni como una concesión del Estado sino como una expresión del pluralismo jurídico colombiano que debe coordinarse con la justicia ordinaria sin que una tenga que desaparecer para que la otra pueda existir
La justicia propia Zenú también es justicia en Córdoba
En Córdoba esta realidad tiene además una dimensión que no podemos ignorar. Los datos más recientes señalan que el pueblo Zenú está conformado por más de 307 mil personas en Colombia y que cerca de 189 mil viven en Córdoba. Estamos hablando de una comunidad que representa una parte enorme de nuestra historia y de nuestra identidad y por eso nuestra relación con ella no puede reducirse al sombrero vueltiao las artesanías o las expresiones culturales que mostramos con orgullo. También debemos conocer sus autoridades su organización y sus formas de resolver conflictos porque esa dimensión hace parte de lo que somos como departamento y debería despertar en nosotros el mismo interés y respeto con que hablamos de las instituciones de la justicia ordinaria
Pero para que esa autonomía pueda desarrollarse plenamente se necesita territorio. Existen comunidades y cabildos Zenú que todavía esperan avanzar en la constitución y titulación de sus propios resguardos y este debe ser un propósito de Estado porque el territorio colectivo es fundamental para consolidar la autonomía territorial administrativa y presupuestal. El llamado al Gobierno Nacional y a las entidades competentes especialmente a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Agricultura es a impulsar y agilizar los procesos de constitución ampliación saneamiento y titulación de los resguardos Zenú que jurídicamente correspondan. La Gobernación de Córdoba y las alcaldías también deben acompañar estos procesos desde sus competencias y ayudar a que las comunidades tengan una ruta clara para avanzar hacia esa autonomía
También necesitamos formar a quienes tienen la responsabilidad de administrar esa justicia. Córdoba debería avanzar en estudios formales de Derecho Propio construidos con las autoridades Zenú las universidades y las entidades del Estado para profundizar en el Derecho Mayor las normas y procedimientos propios los sistemas de armonización y su relación con la Constitución y el ordenamiento nacional. El Decreto 481 de 2025 que desarrolla el Sistema Educativo Indígena Propio ofrece una base importante para avanzar en este camino mientras el Decreto 488 de 2025 contempla mecanismos de fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena relacionados con financiación capacitación formación y apoyo a su funcionamiento. No se trata de reemplazar el conocimiento ancestral por la academia sino de poner la academia al servicio de ese conocimiento porque quienes ejercen como caciques cabildos gobernadores o autoridades de justicia propia enfrentan responsabilidades cada vez más complejas y necesitan herramientas para ejercerlas con mayor solidez
Córdoba debería quedarse con una idea sencilla después de este encuentro. La justicia propia Zenú también es justicia en Córdoba. Si realmente creemos en ello el paso siguiente no puede ser volver a hablar del tema cada vez que se realiza un encuentro nacional. Tenemos que avanzar en la titulación y constitución de resguardos fortalecer las capacidades de sus autoridades abrir caminos de formación en Derecho Propio garantizar recursos y condiciones dignas para ejercer la justicia y construir una coordinación permanente con la Fiscalía la Rama Judicial la Policía y las demás instituciones que tienen responsabilidades en este campo. El pueblo Zenú no es una nota al pie de nuestra historia ni una expresión cultural que aparece solamente en las celebraciones. Es parte de nuestro presente y tiene mucho que aportar a nuestro futuro. Fortalecer su justicia propia no significa dividir a Córdoba sino entender que también desde ella se construyen convivencia autonomía y Estado de derecho.