Colombia llevaba demasiado tiempo preguntándose hasta dónde podía llegar la autoridad del Estado frente a quienes habían convertido el miedo, la extorsión y el narcotráfico en una forma de vida. Hoy, con el actual gobierno el país está viendo un cambio de rumbo que merece ser reconocido: recuperar la autoridad no es una decisión ideológica, es una necesidad nacional.
Gobernar también significa tener la capacidad de proteger al ciudadano que madruga a trabajar, al comerciante que abre su negocio, al campesino que quiere permanecer en su tierra y a las familias que simplemente quieren vivir sin miedo.
El Gobierno ha sido claro en su decisión de enfrentar con firmeza a las organizaciones criminales y de hacer valer el imperio de la ley. En las primeras semanas de administración, la Fuerza Pública ha reportado capturas, importantes incautaciones de narcóticos y armas, así como operaciones contra estructuras dedicadas al crimen organizado.
No se trata de promover una cultura de la guerra. Se trata, precisamente, de defender la posibilidad de vivir en paz. Porque la paz sin autoridad termina siendo una ilusión cuando quienes delinquen sienten que pueden actuar sin consecuencias.
También resulta significativo que el Gobierno haya decidido poner fin a las mesas de diálogo y conversaciones socio jurídicas heredadas de la administración anterior, planteando que quienes quieran dejar las armas deben someterse a la justicia y respetar por completo la ley.
Cuando el Estado vuelve a hacerse respetar
Pero recuperar la autoridad no puede significar únicamente combatir al delincuente. También significa que el Estado esté presente en las regiones, que cumpla sus compromisos y que responda cuando los colombianos más lo necesitan. Y allí hay otro elemento que merece atención: frente a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, el Gobierno ha anunciado medidas extraordinarias para movilizar recursos, fortalecer a las regiones, garantizar servicios públicos, reconstruir la infraestructura y permitir que nuestros niños y jóvenes continúen estudiando.
Ese es, en mi opinión, el verdadero desafío de este Gobierno: demostrar que la autoridad y la sensibilidad social no son caminos opuestos. Que se puede defender al país frente al crimen y, al mismo tiempo, proteger a las familias que necesitan un Estado presente.
Colombia no necesita un gobierno que simplemente administre los problemas. Necesita un gobierno que tome decisiones. Y quizá una de las primeras señales del nuevo rumbo sea precisamente esa: volver a entender que la autoridad del Estado no existe para perseguir al ciudadano, sino para protegerlo.