PAE en Córdoba: fallo judicial revive cuestionamientos sobre contratación
El PAE en Córdoba vuelve al debate tras un fallo que reconoció derechos laborales de cinco manipuladoras vinculadas a una fundación contratista.
PAE en Córdoba: fallo judicial vuelve a poner la lupa sobre la contratación
El PAE en Córdoba vuelve a estar en el centro del debate luego de un fallo judicial relacionado con los derechos laborales de cinco manipuladoras que trabajaron en 2022 para la Fundación Social Construyendo Vidas.
La decisión judicial reconoció a las trabajadoras diferentes obligaciones laborales, entre ellas diferencias salariales, cesantías, intereses, primas, vacaciones y aportes a pensión. Además, se estableció una sanción moratoria.
Fallo sobre trabajadoras del PAE
El proceso judicial determinó que el Departamento de Córdoba debía responder solidariamente por las condenas impuestas a la Fundación Social Construyendo Vidas. La sentencia fue proferida el 10 de diciembre de 2024 y posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Montería el 19 de agosto de 2025.
El caso vuelve a cobrar relevancia por los cuestionamientos realizados por el diputado Gabriel Calle Aguas durante un debate de control político sobre el PAE en Córdoba, realizado el 19 de noviembre de 2024.
Contratos del PAE en Córdoba
Durante aquella sesión de la Asamblea de Córdoba, Calle cuestionó la contratación del Programa de Alimentación Escolar durante la administración del exgobernador Orlando Benítez. Entre las organizaciones mencionadas estuvo la Fundación Social Construyendo Vidas.
Según la información expuesta durante el debate, la fundación estuvo vinculada a estructuras contratistas del PAE en dos periodos de 2022, con contratos por $44.515 millones y $32.383 millones.
El debate sobre el PAE
El fallo vuelve a poner atención sobre la contratación y las condiciones laborales relacionadas con el PAE en Córdoba, un programa que maneja recursos públicos y que tiene como objetivo garantizar la alimentación de miles de estudiantes del departamento.
El caso también resalta el papel del control político de la Asamblea de Córdoba, pues los cuestionamientos planteados en 2024 vuelven a ser relevantes frente a una decisión judicial relacionada con una de las organizaciones vinculadas a la operación del programa.