Justicia para manipuladoras del PAE: Tribunal confirma millonaria condena por derechos laborales vulnerados
Mujeres que prepararon y entregaron alimentos a estudiantes de colegios públicos de Córdoba durante 2022 obtuvieron una decisión favorable de la justicia laboral. El Tribunal Superior de Montería confirmó una sentencia contra la Fundación Social Construyendo Vidas y el departamento de Córdoba por obligaciones laborales que no fueron reconocidas durante la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Una batalla emprendida por manipuladoras de alimentos del PAE en Córdoba terminó con una decisión judicial a su favor. El Tribunal Superior de Montería confirmó la sentencia emitida el 10 de diciembre de 2024 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Montería, relacionada con la vulneración de sus derechos laborales.
El caso se remonta a 2022, durante la administración departamental de Orlando Benítez Mora. Para ese periodo, la operación del Programa de Alimentación Escolar fue adjudicada mediante licitación pública a la Fundación Social Construyendo Vidas, bajo el contrato SE-LP-020-2021.
El contrato estuvo vigente entre el 17 de marzo de 2022 y el 15 de febrero de 2023 y comprendía la prestación del servicio de alimentación escolar en instituciones educativas oficiales de los 27 municipios no certificados de Córdoba.
Salarios cercanos a $300 mil y sin prestaciones
En el centro de la controversia quedaron las condiciones bajo las cuales trabajó un grupo de mujeres encargadas de preparar y entregar diariamente las raciones a los estudiantes.
Según lo establecido dentro del proceso, algunas manipuladoras recibían pagos cercanos a los $300.000 mensuales y no les fueron reconocidas obligaciones laborales como primas, cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones.
Las trabajadoras acudieron a la justicia reclamando el reconocimiento de derechos derivados de las labores que desempeñaron durante la ejecución del programa.
Ahora, el Tribunal Superior de Montería confirmó la decisión judicial favorable y ordenó el reconocimiento económico correspondiente, que representa una suma millonaria en favor de las demandantes.
El fallo pone la lupa sobre la supervisión
La decisión también llama la atención sobre quienes tenían responsabilidades relacionadas con la supervisión del contrato y la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales durante la ejecución del PAE.
Es importante precisar que el fallo, según la información conocida, no atribuye responsabilidad personal al entonces gobernador Orlando Benítez Mora, aunque los hechos ocurrieron durante su administración.
Más allá de las cifras y responsabilidades contractuales, el caso deja como protagonistas a las manipuladoras que durante meses estuvieron detrás de las raciones entregadas a miles de estudiantes cordobeses y que tuvieron que acudir a los tribunales para reclamar sus derechos.
La decisión del Tribunal representa ahora un reconocimiento para estas trabajadoras y vuelve a poner bajo la lupa las condiciones laborales de quienes hacen posible diariamente la operación del Programa de Alimentación Escolar en Córdoba.