¡PAE EN LA MIRA! Justicia ordena millonario reconocimiento a manipuladoras de alimentos en Córdoba
Un fallo del Tribunal Superior de Montería reavivó el debate sobre la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Córdoba. La decisión ordena un millonario reconocimiento económico a varias manipuladoras de alimentos, tras concluir que durante la ejecución de un contrato en 2022 no habrían recibido plenamente sus derechos laborales.
La ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Córdoba vuelve a generar controversia luego de que el Tribunal Superior de Montería confirmara una decisión judicial que favorece a un grupo de manipuladoras de alimentos que participaron en la operación del programa durante 2022.
Según el proceso, las trabajadoras habrían recibido ingresos cercanos a 300.000 pesos mensuales y, presuntamente, no les fueron reconocidas prestaciones laborales como primas, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones, pese a las labores desempeñadas durante la ejecución del contrato.
Dentro del expediente aparece vinculada la Fundación Social Construyendo Vidas, entidad que estuvo a cargo de la operación contractual del PAE en ese periodo. La controversia también gira alrededor de la supervisión ejercida sobre el contrato y del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal encargado de preparar y entregar los alimentos.
Como resultado del proceso, la justicia ordenó un reconocimiento económico de carácter millonario a favor de las manipuladoras afectadas, decisión que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control en la ejecución de este tipo de programas.
El fallo también plantea interrogantes sobre los controles implementados durante la administración departamental en la que se ejecutó el contrato. Sin embargo, la decisión judicial no atribuye responsabilidad personal al entonces gobernador Orlando Benítez Mora, sino que se concentra en las condiciones laborales y en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución contractual.
El caso reabre el debate sobre la importancia de garantizar que el Programa de Alimentación Escolar no solo cumpla con la entrega oportuna de alimentos a los estudiantes, sino también con la protección de los derechos laborales de quienes hacen posible su funcionamiento en las instituciones educativas.