Consejo de Estado tumbó la demanda y ratificó a Jairo Torres como rector de Unicórdoba
El Consejo de Estado confirmó la legalidad de la elección de Jairo Torres Oviedo como rector de la Universidad de Córdoba para el periodo 2026-2031. La Sección Quinta desestimó cada uno de los argumentos presentados en la demanda de nulidad electoral y concluyó que el proceso de designación cumplió con las normas constitucionales, legales y estatutarias que rigen a la institución.
Uno de los principales cuestionamientos señalaba que Torres Oviedo no podía aspirar a la reelección porque el periodo rectoral debía ser institucional y no personal. Sin embargo, el alto tribunal recordó que ese asunto ya había sido resuelto en un proceso anterior y reiteró que, de acuerdo con el Estatuto General de la Universidad de Córdoba, el periodo del rector es de carácter personal, pues comienza con su posesión y tiene una duración de cinco años.
La demanda también cuestionaba la participación de suplentes de algunos integrantes del Consejo Superior Universitario durante la elección. Frente a este punto, el Consejo de Estado reiteró que la figura de la suplencia está prevista en el Estatuto General de la Universidad y que cualquier discusión sobre esa regulación corresponde al contenido del estatuto, no al acto de elección del rector.
Otro de los argumentos hacía referencia a que el rector había firmado nombramientos de funcionarios que posteriormente integraron el Consejo Superior Universitario y participaron en su designación. Sobre este aspecto, el tribunal citó jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la autonomía universitaria, destacando que las universidades públicas cuentan con un régimen especial para definir su organización y gobierno interno.
Tras conocerse el fallo, Jairo Torres Oviedo aseguró que la decisión ratifica tanto la legitimidad como la legalidad de su elección, recordando que obtuvo el respaldo de cerca del 88 % de la comunidad universitaria. Además, afirmó que continuará fortaleciendo la gestión institucional con una política de transparencia y buen gobierno, al tiempo que rechazó los cuestionamientos que, según dijo, han buscado afectar el liderazgo de la Universidad de Córdoba.