Jennifer Pedraza radicó nueva denuncia penal contra Juliana y Verónica Guerrero por presunta red de tráfico de influencias
Las investigaciones y denuncias alrededor de Juliana y Verónica Guerrero continúan escalando. La senadora Jennifer Pedraza anunció que presentó una segunda denuncia penal en su contra, esta vez por los presuntos delitos de tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares.
Según explicó la congresista, la denuncia se fundamenta en las recientes revelaciones publicadas por la revista Semana, las cuales incluyen conversaciones, comprobantes de consignaciones y otros elementos que, de acuerdo con la investigación periodística, evidenciarían una presunta estructura dedicada a gestionar contratos estatales a cambio de pagos de dinero.
De acuerdo con la denuncia, Juliana y Verónica Guerrero, pese a no ocupar cargos públicos, habrían ofrecido a empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander facilitar la adjudicación de contratos en entidades del Gobierno Nacional, entre ellas los ministerios del Interior y de Vivienda.
La información publicada señala que el supuesto esquema contemplaba el cobro de $1 millón por una reunión inicial, un anticipo cercano a $200 millones para iniciar las gestiones y el 10 % del valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados.
Asimismo, el documento radicado por Pedraza hace referencia a la versión según la cual parte del dinero habría sido recibido inicialmente por un tercero cercano a la familia Guerrero y posteriormente consignado en cuentas relacionadas con las denunciadas. Entre los soportes mencionados figuran transferencias bancarias y conversaciones que harían alusión a presuntas gestiones para influir en decisiones administrativas y contractuales.
La senadora solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo estos hechos y establecer si existió una red de tráfico de influencias alrededor de entidades como Colombia Compra Eficiente, el extinto Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Tierras, Fiduagraria, FONSECON y el DAPRE, además de determinar las responsabilidades penales a que haya lugar.
Hasta el momento, las denuncias corresponden a hechos que están siendo objeto de investigación y serán las autoridades competentes las encargadas de establecer la existencia de responsabilidades penales.
