Casi 16.000 personas fueron desplazadas por la violencia en Colombia durante el primer semestre de 2026
Un informe de la Defensoría del Pueblo revela que el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan golpeando a miles de familias en diferentes regiones del país. Además, advierte sobre el aumento de connacionales deportados y las condiciones en las que muchos regresan a Colombia.
La crisis humanitaria asociada al conflicto armado continúa dejando graves consecuencias en Colombia. Entre enero y junio de 2026, al menos 15.960 personas fueron víctimas de 83 eventos de desplazamiento forzado masivo, mientras que otras 64.787 permanecieron confinadas en sus territorios debido a la presencia y acciones de grupos armados, según el más reciente Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo.
El informe señala que Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena concentraron el mayor número de personas desplazadas durante el semestre. En cuanto al confinamiento, los departamentos más afectados fueron Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca, donde miles de habitantes vieron restringida su movilidad por las condiciones de seguridad.
Solo durante junio, la Defensoría documentó 12 desplazamientos masivos que afectaron a 2.742 personas, además de seis eventos de confinamiento, con 3.190 afectados. La entidad alertó que estas situaciones continúan impactando de manera desproporcionada a comunidades indígenas y afrodescendientes, aumentando sus condiciones de vulnerabilidad.
Por primera vez, el boletín también incluyó un análisis sobre los connacionales deportados. Entre enero y junio, 1.663 colombianos regresaron al país en 17 vuelos procedentes de Estados Unidos, Chile y España. De acuerdo con las entrevistas realizadas por la Defensoría, el 66 % emigró en busca de mejores oportunidades laborales y más del 22 % aseguró haber salido del país por motivos relacionados con el conflicto armado, la inseguridad o las amenazas. Además, el monitoreo evidenció denuncias sobre problemas de salud, alimentación, hacinamiento y presuntos casos de maltrato durante algunos procesos de deportación.
Frente a este panorama, la Defensoría insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones y reforzar las medidas de prevención y atención humanitaria en las zonas con mayor riesgo. También reiteró la importancia de activar mecanismos de protección para niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes y comunidades étnicas, con el fin de garantizar sus derechos frente a las crecientes dinámicas de movilidad humana en el país.
