Campesinos denuncian presunto desalojo en finca de Montería donde viven desde hace dos años
Más de 46 familias campesinas denunciaron un presunto desalojo en una finca del corregimiento de Aguas Negras, en Montería, donde aseguran vivir y trabajar desde hace cerca de dos años. Los ocupantes afirman que el procedimiento se realizó con acompañamiento de la Policía Nacional y pidieron a la SAE explicar las razones del operativo y aclarar la situación jurídica del predio.
Momentos de tensión se vivieron en la zona rural de Montería, donde más de 46 familias campesinas denunciaron un presunto desalojo en una finca que, aseguran, ocupan desde hace cerca de dos años. Los afectados afirman que el operativo se realizó con acompañamiento de la Policía Nacional y sin una explicación clara sobre las razones del procedimiento.
El hecho de desalojo se registró en la finca El Central, ubicada en el corregimiento de Aguas Negras, hasta donde, según la denuncia de la comunidad, llegaron funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) acompañados por uniformados de la Policía para ejecutar una orden de desalojo.
De acuerdo con las familias, el predio les fue entregado en comodato a través de la Asociación Campesina Agraria y Popular de Córdoba (Ascapocor), lo que les permitió desarrollar proyectos agrícolas, construir sus viviendas y convertir la finca en su principal fuente de sustento.
Los campesinos manifestaron que la llegada de las autoridades los tomó por sorpresa y expresaron su preocupación por la posibilidad de perder los cultivos, las viviendas y las inversiones realizadas durante los últimos meses.
Asimismo, solicitaron a la Sociedad de Activos Especiales que explique las razones del procedimiento y aclare la situación jurídica del contrato mediante el cual, según sostienen, se les permitió permanecer en el inmueble.
Las familias también hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Personería de Montería y demás organismos de control para que acompañen el caso, verifiquen la legalidad del procedimiento y garanticen el respeto por sus derechos.
Al cierre de esta información, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no había emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia ni había informado las razones que motivaron el operativo señalado por la comunidad.